Foto: RPP.

No deja de llamar la atención la manera en que la Fiscalía ha modificado progresivamente el perfil de los dos principales casos sobre lavado de activos en política de la saga iniciada en diciembre de 2016 con las confesiones de Odebrecht, los casos Heredia-Humala y Keiko Fujimori.

El fundamento de estos casos (“Odebrecht manejaba una lavandería”) no se ha modificado, aunque aún no tenga una expresión clara en los reconocimientos de responsabilidad de la empresa que se han hecho públicos ni en el monto de reparaciones por pagar (yates pendientes, insistimos).  Pero en los tres primeros años de discusiones sobre estos casos la Fiscalía sostuvo que también los receptores de estos fondos, US$ 4 millones en el 2011, también lavaron activos.  En una síntesis, la Fiscalía ha sostenido que al haber recibido los fondos en efectivo y clandestinamente, los destinatarios de las entregas se hicieron responsables por su origen.  Deben ser responsables por ese origen porque no les importo de dónde venían.

La teoría ha sido cuestionada insistentemente desde diversos sectores de la comunidad legal, para la mayoría de los cuales la clandestinidad y la exorbitancia de los fondos puede justificar las investigaciones, pero no una condena.

Quizá en respuesta la Fiscalía ha introducido en el caso de la señora Keiko Fujimori una variable más: los fondos no solo fueron recibidos clandestinamente y en efectivo, a pesar de su volumen, sino que además fueron recibidos por una maquinaria especialmente montada para evitar que se identifique el origen y la cantidad de los fondos empleados o desviados en cada campaña, y esa maquinaria fue sostenida en operación al menos hasta el año 2016.  La creación de esta maquinaria (que también ha ocultado fondos de origen lícito) opera en la nueva versión de este caso como una gruesa venda auto impuestos voluntariamente por el equipo de la señora Fujimori para no “ver” los detalles del proceso. Este elemento introduce en los debates una construcción adicional, la llamada “ceguera voluntaria” o “indiferencia deliberada”, que opera como un factor de atribución de responsabilidad penal.  La construcción opera de manera semejante al llamado “acto libera in causa” de quien se intoxica con estupefacientes para cometer un crimen.  En ambos casos el responsable crea por sí mismo situaciones que nublan su capacidad de discernir o conocer los detalles de las cosas para facilitar el evento que decide perpetrar.  El tema de la acusación que todos esperamos entonces ha cambiado sensiblemente.

En el caso Humala-Heredia el giro ha sido distinto.  El caso no muestra una maquinaria de la envergadura de la maquinaria del caso Humala, aunque alguna maquinaria existe y se sostiene a lo largo de dos campañas (2006 y 2011).  Sin embargo, más que la descripción de la maquinaria el giro aquí se ha producido por la conexión que ha encontrado la fiscalía entre la entrega de estos fondos y el papel de la señora Heredia en el caso del gasoducto.  La Fiscalía encuentra decisiva la intervención de la señora Heredia en ese proceso.  Si prueba que las cosas ocurrieron como sostiene, entonces tendrá un sólido caso por tráfico de influencias, para empezar, aunque la plataforma alcanza para pasar de ahí también a un caso sobre colusión que puede alcanzar a quienes puedan haber aceptado las influencias de la señora Heredia para proceder.

Hecho este giro la Fiscalía tendrá que resolver cómo relaciona el caso del gasoducto, que nos presenta una versión modificada del millón entregado en campaña, con el caso del financiamiento del partido nacionalista, que incluye la percepción de fondos de Venezuela.

Nadie debe ir a juicio dos veces para enfrentar cargos por los mismos hechos.  Tenemos entre nosotros importantes debates por resolver sobre el alcance de esta regla.  Pero la regla ha sido confirmada en su existencia por la jurisprudencia en diversos aspectos.  A pesar de ella en los casos en proceso contra Toledo (Ecoteva y sobornos de Odebrecht) y contra Humala- Heredia (financiamiento de campañas y gasoducto) estamos a punto de crear situaciones de sobre posición o repetición de cargos al menos parciales que debemos resolver a tiempo.

Sin duda la Fiscalía tendrá una propuesta para resolver este problema antes que se convierta en un impasse de fondo.

No queda mucho más que decir en estos casos.  Importante notar la forma en que la narrativa de la Fiscalía ha venido cambiando en ambos.

El tiempo, el enorme tiempo que ha tomado llegar hasta acá; el tiempo por cuyo dispendio tantas veces hemos protestado, después de todo, parece encontrar una justificación razonable.

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