La publicación del Decreto de Urgencia Nº 014 2020 permite la negociación colectiva entre trabajadores del sector público y el Estado como empleador, recordándoles que quien paga sus planillas somos todos los peruanos a través de nuestros impuestos.

Esta norma, por ello, debe respetar el principio de equilibrio presupuestario (artículos 77 y 78 de la Constitución Política del Perú), marcando la diferencia entre negociación colectiva en el sector público con la del sector privado.

La norma que ha sido aprobada por el Poder Ejecutivo había sido materia de diferentes parámetros, pronunciamientos y de diálogo (en su contenido), a través de:

1.- El Tribunal Constitucional en sus Casos “Ley de Presupuesto Público” y “Ley del Servicio Civil”
2.- El Poder Ejecutivo, a través de sus funcionarios y especialistas
3.- El Congreso en las Comisiones de Trabajo y de Descentralización, legislatura 2017-2018
4.- Las mesas de diálogo en la Presidencia del Consejo de Ministros donde participaron representantes de las Centrales Sindicales
5.- Ponencias públicas como en la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, acaecida el 27 de setiembre de 2019
6.- Literatura internacional, principalmente de la OIT y de otros países , donde hay negociación colectiva en el sector público.

Esta regulación era necesaria, pues su “no regulación” permitía un sin número de interpretaciones, invocaciones de pronunciamientos, y un aprovechamiento de algunos que sí “sabían utilizar los artificios legales”, frente a otros que no pudieron beneficiarse de algún convenio colectivo o laudo arbitral.

El desborde de laudos arbitrales laborales que no cuentan con recursos para su financiamiento, encontró la manera “legal” de redistribuírselos, olvidando que los recursos públicos son de todos los peruanos.

Podemos citar un numeroso listado de casos, donde debemos incluir a algunos árbitros que, simplemente utilizando los mismos argumentos, han proliferado beneficios económicos mayores incluso a los que se otorgan en el sector privado, algo que hoy resulta inaudito.

Un documento importante es la emisión del Informe Económico Financiero para cada proceso de negociación colectiva, con el fin de que transparente y de manera pública, la situación económica financiera del país, de la entidad o empresa del Estado, los ingresos que tienen los trabajadores y de los que se propongan como pliego de reclamos, pero también establecerá los máximos negociables (techos), pues los recursos del Estado son escasos y deben redistribuirse en forma equitativa para el bien común, el servicio al ciudadano, y que este sea adecuado, eficiente y oportuno.

La negociación colectiva en el sector público es un derecho fundamental, pero debe ser transparente, donde las partes –trabajador y empleador– y ciudadano de a pie, sepan a dónde se destinan parte de lo que pagan por concepto de sus impuestos.

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