Foto: RPP.

Odebrecht registra en el Perú sobornos por aproximadamente US$ 90 millones, le debe al Estado aún S/750 millones en reparaciones por pagar (610 + intereses – primera cuota ya pagada); debe también US$140.9 millones a COFIDE (cifras a noviembre de 2019) y pretende que el CIADI orden al Estadopagarle US$ 1,200 millones por los tubos que compró para el gasoducto del sur, un proyecto que perdió por la incapacidad que adquirió para levantar fondos después de las confesiones sobre corrupción de diciembre de 2016.

La procuraduría aún tiene pendiente obtener garantías sólidas para respaldar el cronograma de los S/610 millones más intereses que Odebrecht aceptó pagar en el verano del 19.  Queda pendiente obtener un incremento de las reparaciones para compensar al menos los daños causados por la filtración de cerca de US$ 9 millones en la política y por los sobornos en el proyecto de San José de Sisa.  Falta despejar incógnitas sobre posibles sobornos adicionales que Odebrecht podría haber pagado en Olmos, Chavimochic y el propio gasoducto.  Pero queda claro que no tuvieron éxito, si es que llegaron a intentarlo en conseguir un desistimiento general de las pretensiones arbitrales que Odebrecht pueda tener en cartera.

Los aspectos penales del acuerdo firmado con el Estado en el verano de 2019 parecen mantenerse sólidos.  Ni la fiscalía ni Odebrecht han dado señales que indiquen que el flujo de información y evidencias establecido por ese acuerdo vaya a afectarse seriamente.  Pero los aspectos civiles del acuerdo tendrán que ser revisados. Odebrecht ha obtenido un plazo de 15 años para pagar la reparación establecida en el verano de 2019 y ha obtenido además la devolución del saldo teórico de la venta de Chaglla a finales del 2019 (S/ 524 millones) insistiendo en su propia debilidad patrimonial.  Y esa debilidad patrimonial no se condice con una demanda en la que pretende merecer US$ 1,200 millones del Estado.

Odebrecht debió revelar durante las negociaciones del acuerdo o en todo caso durante las negociaciones para la devolución del saldo excedente de la venta de Chaglla que planeaba presentar esa demanda.  Por supuesto, la procuraduría pudo poner el asunto sobre la mesa, si es que no lo hizo. Pero aparentemente alguien dentro del Estado creyó seriamente que el instrumento de responsabilidades adicionales reconocidas que Odebrecht entregó a la fiscalía antes de la devolución de los S/ 524 millones sería suficiente para inhibirla.  No lo fue.

Entonces los equilibrios deben ser repuestos.  Tal vez la llave para lograrlo provenga de la venta de los derechos de Odebrecht sobre Olmos y Chavimochic, además del porcentaje de participaciones que aún detenta sobre Rutas de Lima. La venta de estos derechos ha entrado y salido de la agenda desde finales de 2016.  Con un total acumulado en reparaciones que pasa ya los US$ 270 millones (son tres acuerdos los suscritos ya) alcanzar la meta del saldo de reparaciones por acordar no puede ser imposible.  La obtención de garantías directas para mantener el cronograma (que además puede ser parcialmente reducido como sanción a lo que significa no haber revelado que se preparaba la demanda de los US$1,200 millones) tampoco puede ser imposible si se abre un poco más el espectro de los proyectos que Odebrecht tiene aún en cartera y pueden generar garantías y fondos útiles para establecer un nuevo punto de equilibrio.

Los tubos del gasoducto son, sin embargo, un verdadero problema por resolver. Puestas las cosas sobre la mesa (de la peor manera por cierto) Odebrecht tiene una pretensión que a valor presente (estimándola además como el valor de un juicio, no conforme al costo de adquisición de los tubos) podría representar US$ 100 millones en un test ácido. El Estado podría tomar la pretensión de Odebrecht como garantía del cronograma del acuerdo del verano de 2019 y desenganchar la cuestión de la primera propuesta que se imaginó en el verano de 2017.  Entonces se planeaba sacar el proyecto a subasta e invitar al ganador a comprar los tubos.  Ahora parece claro que el gobierno no ha sido capaz o no ha encontrado un escenario que le permita sacar esa subasta al mercado.  Entonces no podemos mantener atada la solución al impasse que generan los US$ 1,200 millones a una subasta que no estamos (no hemos estado hasta ahora) en capacidad de organizar.

La venta de Olmos y Chavimochic y la conversión de la pretensión de Odebrecht por US$ 1,200 millones en garantía parecen ofrecer una pista de solución a este impasse.

Tocará a las autoridades confirmar que este esquema sea verdaderamente viable.

Y tocará además diseñar con mucho cuidado esa garantía, de manera que no pueda ser usada para pretender que Odebrecht tiene en realidad un derecho contra el Estado por esos tubos.  Habrá entonces aún muchos detalles legales por resolver.  También debe asociarse el proceso de salida de la crisis a la recuperación, al menos en parte, de los más de US$ 120 millones (más de US$ 49 millones) que estamos pagando en la manutención y custodia de los tubos del gasoducto.

Pero necesitamos romper la inmovilidad que ha generado esta crisis cuanto antes.

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