Foto: RPP.

Anoche lancé una pregunta en redes. Si el gobierno estaba intentando y no lograba que Odebrecht renuncie a sus pretensiones arbitrales ¿por qué liberaron sin pelear los S/ 524 millones del excedente teórico de Chaglla?

La cuestión aparece porque de varias maneras la liberación de estos fondos termina en la ecuación precediendo a la demanda.  Es como si, además, hubiéramos financiado la actividad legal de Odebrecht. O como si Odebrecht hubiera notado que la única forma de recuperar esos S/ 524 millones era hacerlo antes de enero de 2020.

En el intercambio que he tenido en redes varias respuestas buscaron una explicación en las fechas: La liberación de los fondos excedentes de la venta de Chaglla se aprobó en noviembre y la crisis por los US$ 1,200 millones parece haberse activado a finales de enero, con la carta de Odebrecht a la fiscalía. Ahí surge una pista, pero las fechas no pueden ser tomadas como una respuesta en sí misma. La demanda por los tubos del gasoducto es un riesgo conocido desde que se resolvió el contrato, en febrero de 2017, y desde que Enagas, socia de Odebrecht en el proyecto, presentó su propia demanda.

Sin embargo la pista conduce a una segunda hipótesis bastante persuasiva.  La novedad más importante alrededor del proceso de liberación de los fondos excedentes de la venta de Chaglla (los S/ 524 millones de las últimas audiencias) fue el anuncio sobre un instrumento depositado por Odebrecht en la fiscalía en el que ella reconoce responsabilidad por “pagos ilícitos” hechos con ocasión al concurso para el gasoducto.  Esos “pagos ilícitos” parecen haber sido los sobornos a dos agentes privados relacionados de diferente manera al proyecto.  Ambos se han acogido a las normas sobre colaboración eficaz.  Pero ninguno de los relatos de ambos, en lo que ha trascendido, conduce a un caso que involucre a funcionarios públicos. Sin embargo, en términos generales, lo que ambas declaraciones contienen son actos de corrupción.  Corrupción privada, imposible de castigar como delito en el Perú en esas fechas, pero corrupción al fin y al cabo.

Entonces la mejor explicación sobre la relación entre la liberación de los fondos de Chaglla y el caso de los US$ 1,200 millones no resulta exactamente de las fechas de ambos eventos, pero conduce a una posibilidad que habrá que confirmar:  Las autoridades peruanas podrían haber sobrestimado el valor del reconocimiento de responsabilidad que Odebrecht entregó a la fiscalía por el gasoducto,  depositado alrededor de la liberación de los fondos de Chaglla. Podrían haber entendido que equivalía ya a una renuncia a presentar la demanda.

La teoría tiene límites.  Pero funciona.

Vamos con los límites.  Para que la teoría funcione la carta de responsabilidad por el gasoducto debería haber sido consultada con la Comisión Especial del MEF que se encarga de arbitrajes internacionales. Por desgracia no vamos a saber si la carta fue consultada o no, por la reserva con que esta obligada a actuar esta Comisión.   Pero si esta Comisión vio el instrumento y se declaró satisfecha sólo puede ser por una razón:  las normas internacionales sobre sobornos no necesariamente son iguales a la peruanas. Fuera del Perú la corrupción privada también es corrupción, aunque Odebrecht no quiera admitirlo.

Pero si esto fuera cierto, entonces la carta de respuesta que el Fiscal Vela envió a Odebrecht ante el anuncio de la demanda habría tenido un texto distinto:  se habría limitado a recordarle a Odebrecht que el instrumento existe, y que contiene un reconocimiento por actos de corrupción privada que no eran punibles en el Perú del 2014, pero que pueden ser reconocidos como tales por un tribunal internacional. La fiscalía no habría pedido “precisiones” y no habría concedido a Odebrecht derecho a réplica alguna. Ademas a partir de ahí la narrativa del gobierno sobre este asunto habría sido completamente distinta; libre de renuncias y despidos, o de tantas renuncias y despidos, por lo menos.

Además, si con ocasión a la liberación de los fondos de Chaglla se quería un instrumento que impida la demanda, uno que elimine todo el ruido que la sola existencia de la demanda ha causado entonces el instrumento correcto era una renuncia explícita de Odebrecht a toda pretensión arbitral. A partir de aquí la narrativa de la liberación de los fondos habría incluido una referencia clara a la ventaja que habría representado la liberación de los S/ 524 millones. Contra la liberación se habría logrado que la venta de Chaglla pague los tubos del gasoducto.  Los que reclamamos que después de la liberación se garantice el cronograma de 15 años habríamos modulado el reclamo de una distinta manera.

Pero contra la liberación de los S/ 524 millones no se obtuvo una renuncia como esta.

Mi punto es que encuentro imposible que la cuestión de los tubos no se haya discutido con ocasión a la liberación de los S/ 524 millones.  No puedo concebir que la historia de los tubos comience solo en enero, después de la carta de Odebrecht.

Entonces solo queda creer que las autoridades sobre estimaron la declaración sobre Odebrecht.  A la larga siempre es posible que esa declaración termine bloqueando la demanda sobre los tubos.  Pero no ha bloqueado el anuncio de la demanda ni toda la turbulencia que el anuncio a desatado.

Entonces aunque el instrumento de reconocimiento de responsabilidades pueda ser incluso apropiado legalmente ha sido claramente insuficiente en el campo institucional.

Y entonces la solución de este in pase, que tanto revuelo está causando, debe ser construida desde los límites que esa carta posee.

En esa dirección la procuraduría ha hecho ya un primer movimiento fuerte:  pedir que se incluya a Odebrecht en el caso del gasoducto.  Creo que hay otros que hacer, el primero discutir este asunto en una audiencia de ejecución del acuerdo en que la procuraduría denuncia la mala fe que representa el sigilo con que Odebrecht ha procedido en este caso, y establezca consecuencias para eso.

Porque más allá de cualquier sobre estimación posible a la carta de reconocimiento de responsabilidades por el caso del gasoducto, no haber relevado que este caso estaba en plena preparación mientras se pedía un cronograma de 15 años representa el caso más claro de mala fe procesal imaginable.

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