Imagen: Congreso

De todos los textos en contra del cierre del congreso que he leído, me quedo con el comentario de Víctor García Toma (la última versión de sus comentarios apareció el 14 de enero en Perú informa). Víctor pone el acento en la cuestión sobre el pedido de suspensión de la elección de magistrados (que encuentro más importante que el proyecto de ley que se envió) y sostiene que el Ejecutivo no tenía derecho a intentar entrometerse en el proceso, que es de competencia exclusiva del Congreso. Al modo en que la mayoría en el Congreso anterior manipuló las formas yo creo lo contrario: pienso que la mayoría forzó tanto el procedimiento, su significado y el momento de concluirlo que cualquier forma de contención razonable a lo que se estaba haciendo funcionaba. Pero mi punto no es comparar la posición de una autoridad en la materia como Víctor con la mía, que a fin de cuentas como abogado práctico soy, en esto, un ciudadano más. Mi intención es poner en relieve que esto es lo qué hay que discutir. Dejemos entonces de lado esa penosa referencia a la “denegación fáctica” que sin necesidad alguna introdujo el presidente en el debate y concentrémonos en el punto: ¿Cómo evitamos que esto se repita?

Por supuesto. Hay que definir que es “esto” que tenemos que evitar que se repita: ¿El uso de la cuestión de confianza en una emergencia de deterioro de relaciones cómo esta o la generación de una situación de este tipo? Me quedo con priorizar la segunda opción. Y creo que alguien como Víctor García Toma coincidiría conmigo en observar que el desorden que condujo a que la organización política que controlaba la mayoría absoluta de votos en el congreso del 2016 perdiera el congreso entero es la hija natural de la Constitución de 1993: la Constitución del Congreso Unicameral. Entonces tal vez sí haya que imponer límites a la cuestión de confianza (será tarea del siguiente Tribunal Constitucional, si lo dotamos de atribuciones para absolver consultas). Pero antes de eso debemos regresar a un congreso de dos cámaras.

Creo que hemos adquirido una enorme representación mítica sobre el impacto de una Constitución. Entre mis colegas se suele decir que el ejemplo de una constitución es el de la americana, que se mantiene después de la aprobación en 1787. Pero la Constitución de los EEUU de Norteamérica tiene 27 enmiendas. Y salvo la constitución de la confederación, nosotros hemos tenido 12 constituciones. Claro, nos pasa también con las leyes.  En lugar de declarar que “en adelante el artículo … de la ley…. será reemplazado por el siguiente” solemos “modificar” los textos. Por eso sustituimos constituciones en vez de enmendarlas.  En los hechos el siglo XIX siguió un solo patrón constitucional con cambios, salvo en tiempos de la confederación peruana boliviana.  Y la del 79 y la del 93 son la misma con pocas diferencias. Y las principales diferencias no están en el capítulo económico, que no genera modelos sino prohibiciones y autorizaciones intercambiables, sino que están en la unicameralidad, con todo lo que implica, y en la función de los instrumentos sobre derechos humanos, reducidos de cláusulas del derecho interno a reglas de interpretación.

La que tenemos delante, la Constitución de 1993 es apenas una mala enmienda de la Constitución de 1993 que contiene algunos artículos sobre las relaciones del Estado con la economía que tienen más carga ideológica que efectos prácticos vinculantes y un terrible capítulo que nos cercenó el Senado, solo porque el Senado hace eso que Montesinos no quería que ocurra: estabilizar el sistema político, como las vigas estabilizan los edificios que pretenden llegar a ser antiguos.

¿Habría podido Fuerza Popular causar el desastre que condujo al cierre del Congreso si hubiéramos tenido un Senado?  Creo que no.  Porque el Senado tendría a estas alturas casi 40 años; cuatro generaciones que nos habrían enseñado que esa construcción que detestamos, la de “clase política”, puede generar un factor de continuidad institucional que hace más sencillo eliminar exabruptos e intolerancias; fijar límites, para ser precisos.

No puede ser gratuito que este Congreso que cerró ya se haya esforzado tanto para lograr, y lo consiguió, que el referéndum de diciembre 2018 no reinstale el Senado. Leamos entre líneas. Eso no puede haber sido gratuito.

Entonces aterricemos… ¿queremos que esto no se repita?

Reinstalemos el Senado.

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