Imagen: Andina

El congreso, que el 80 % de la población exigió cerrar y que este gobierno disolvió por una causal fáctica apoyada ahora por el Tribunal Constitucional, era, para la tribuna, no solamente obstruccionista sino poco transparente. No podemos olvidar que esta falta de transparencia en la elección de miembros del TC fue la razón que gatilló el evento de disolución.

Sin embargo, lo que los ciudadanos no han apreciado es que en ese Congreso para aprobar una ley se necesitaba que su anteproyecto fuese publicado en el Portal del Congreso, discutido públicamente en comisiones, que se solicitaran opiniones de entidades estatales y privadas así como colectivos de la sociedad civil. Luego se debatía en el pleno a vista de todos y eran promulgadas por el presidente de la República, quien además podía ejercer un derecho de veto reconocido por la Constitución. Cuantas iniciativas quedaron sin ser aprobadas justamente por ser contrarias al interés nacional.

En todo el proceso, que podía llevar meses, la iniciativa legislativa permanecía publicada en el portal y podía ser siempre conocida y opinada por todos nosotros, sea que estuviéramos interesados en ella o no.

Cuanto se criticaban los proyectos de ley aprobados “entre gallos y medianoche” y que resultaban en esas leyes sospechosas que solo “gobiernos de facto podían aceptar”. Ahí aparecían los opinólogos, hoy especialistas.com o delivery, que reclamaban por la falta de transparencia, derecho fundamental de la sociedad a conocer los proyectos que podían convertirse en ley.

Sin embargo, hoy tenemos más de cincuenta Decretos de Urgencia aprobados por este gobierno que abarcan distintos temas —urgentes o no— que han involucrado miles de millones de soles de nuestros impuestos, se han generado “facilidades” para la ejecución de presupuestos y disposición de recursos y nadie MÁS ALLÁ DE LAS CUATRO PAREDES DEL CONSEJO DE MINISTROS O DE LA OFICINA PRESIDENCIAL, los vio publicados en un portal previamente, fueron debatidos o se solicitó la opinión de las entidades privadas o de los colectivos.

Peor aún, una vez publicados y entrado en vigencia ¿alguien ha visto el análisis costo beneficio, exposición de motivos y todo aquello que exigen las leyes vigentes en los Decretos de Urgencia? ¿Dónde quedó la transparencia como derecho esencial de los ciudadanos a conocer las iniciativas legislativas, previamente a ser promulgadas, para poder opinar al respecto?

Ante las próximas elecciones congresales no perdamos de vista que nuestra decisión puede desencadenar en actos de presidentes, de TC, de opinólogos, que luego terminen en disposición de miles de millones de soles aprobados en Decretos de Urgencia, sin transparencia y de lo cual nos estaremos quejando cuando algún “gobierno fáctico” nos imponga por muchos y muchos años de permanencia en el poder.

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Magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por ESAN y abogado por la Universidad de Lima. Es experto en temas agrarios, forestales, financieros, comerciales y de derecho administrativo. Tiene más de 18 años de experiencia en el sector público y privado, en relacionamiento con distintas poblaciones y comunidades campesinas y nativas, colaborando con la solución de sus conflictos y el manejo de su desarrollo en armonía con su identificación cultural, su entorno ambiental y los distintos actores en sus zonas de influencia.

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