Foto: Perú21.

El 28 de noviembre del 2019 ha sido promulgado el decreto de urgencia que establece medidas para la cobertura universal de salud, con la finalidad de afiliar al Seguro Integral de Salud (SIS) a todos los ciudadanos a un Plan Esencial de Aseguramiento (PEAS), indiferentemente de su situación económica. Y siempre y cuando no posean ningún otro de tipo de seguro de salud.

Se ha cambiado de lógica, porque ahora los afiliados del SIS reciben la atención según sus necesidades, sin tomar en cuenta la complejidad ni el costo de la atención. La nueva lógica que aporta el presente decreto de urgencia es que todos los afiliados tendrían solo un PEAS, pero de requerir atenciones médicas más caras o complejas, deberán afiliarse a los planes complementarios, con aportes económicos. Y de no poder hacerlo, y con un previo “estudio socioeconómico y de vulnerabilidad económica”. Es decir, los actuales afiliados del SIS perderían derechos.

Se ha creado una “comisión multisectorial de naturaleza temporal”, que en un plazo de 90 días elaborará la actualización del PEAS y de los planes complementarios, así como “los criterios de elegibilidad para la afiliación, basados en la vulnerabilidad económica, los esquemas de financiamiento y los arreglos institucionales. La comisión multisectorial está conformada solo por instituciones del Estado, a través de los ministerios involucrados, y en modo adicional por EsSalud.

La omisión del sector privado obedece quizá al entrampamiento en que se encuentra el PEAS desde su creación, debido al concepto de capa simple que manejan las EPS y Essalud, así como del precio de este. Otro aspecto polémico es el de la vulnerabilidad económica, debido a la complejidad y diversidad de los aspectos biológicos, económicos, sociales y culturales ligados al cuidado de la salud. Cualquier definición y estandarización de la vulnerabilidad será arbitraria. Además, desde que se introdujo ese concepto en nuestra legislación, en el 2013, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha sido incapaz de normarlo.

Los esquemas de financiamiento y los arreglos institucionales generan aún mayores problemas por la preexistencia de normas que aseguran derechos fundamentales de los afiliados, incluso de rango constitucional. El corto plazo y la ausencia en la comisión multisectorial de representantes que no pertenecen al Estado –como los propios usuarios, los gremios y otros actores involucrados, como el Consejo Nacional de Salud– pueden incubar conflictos debido a los flujos económicos que eso implica.

El SIS se convertirá en un gran comprador de prestaciones “basadas prioritariamente en grupos relacionados de diagnóstico o grupos de personas (capitado o per cápita)”. El impacto de estas modalidades de compra podría ser contraproducente si se incorpora al sector privado, debido a que la norma hace referencia a las Instituciones Prestadoras de Salud en general.

No parece ser “mala idea” ponerle un plazo de 120 días para procesos de mejora de la gestión sanitaria que duran años, sobre todo si no se agregan mayores recursos financieros y humanos. Además, los seis procesos que enumera el decreto de urgencia ya se encuentran en marcha. No es novedad la creación del sistema en línea de la programación de turnos y citas, la automatización de los servicios de apoyo al diagnóstico, la automatización de la prescripción y dispensación de los medicamentos, la implementación de la contabilidad de costos de la cartera de servicios de salud y la valorización individual, la implementación y uso de los aplicativos informáticos conforme a lo dispuesto en el Sistema Nacional de Abastecimiento, y la publicación de indicadores de desempeño.

No es posible resolver los problemas de salud de la población si no se mejora la oferta de atenciones de salud y médicas. Hace solo unos pocos días, en la inauguración del nuevo Hospital de Moquegua, el presidente la República ha señalado que no ofrece médicos especialistas porque no hay, y que habría que ser muy creativo para resolver ese déficit. Además, reconoce, que la solución tomará años. Sin embargo, no ha aprovechado para promulgar como decreto de urgencia el proyecto de ley aprobado en primera votación en el Congreso de la República sobre los servicios complementarios (Expediente 081/2016). Es decir, que los médicos especialistas puedan trabajar, en modo adicional a su jornada laboral, en otra o en su misma institución del Estado y que cesen las hostilizaciones derivadas contra los médicos.

El Gobierno apuesta a que los ciudadanos se afilien en modo voluntario, con una tarifa, a los planes complementarios. Es decir, para acceder a las atenciones más costosas y complejas, y en consecuencia, la norma solo otorga el derecho al Plan Esencial (PEAS). En modo adicional, involucra a la Sunat para las cobranzas respectivas. Sin embargo, obvia que esa misma apuesta ya ha fracasado en el pasado y que ha soslayado las enfermedades de alto costo, como el cáncer, la diálisis renal, las enfermedades huérfanas y raras, entre otras.

Es grave que se cambien las reglas de juego del SIS y se deje sola al ciudadano frente a las enfermedades más costosas y complejas. Si el Estado no cumple con el ciudadano solo quedan dos vías: judicializar el reclamo del derecho a la salud o dejarse morir. ¿Será posible?

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