Foto: Exitosa.

El día 18 de noviembre del 2019 ha sido designada como ministra de salud María Elizabeth Hinostroza Pereyra, luego que renunciara su antecesora, envuelta en diversas acusaciones difundidas por los medios de comunicación. La nueva designación nos deja apreciar el diagnóstico sobre la situación de salud que tiene el presidente de la República. La ventaja que ofrece un cambio de ministros es que permite al presidente analizar la realidad y redefinir sus prioridades. En seguida, las prioridades plasman las características del perfil del puesto y los requisitos del funcionario que cubrirá esa posición. Luego de la designación es posible el análisis inverso; es decir, el análisis del funcionario permite conocer el perfil del puesto y, sobre todo, las prioridades del Gobierno para el sector salud.

La nueva ministra es una generala de la Policía Nacional, con una trayectoria dedicada a la neurocirugía y alrededor de los últimos tres años como directora de la Sanidad Policial. La Sanidad Policial es una dirección de la Policía Nacional y solo se dedica a prestar atenciones médicas que, según el informe de la Contraloría General de la República, poseen serias deficiencias. El financiamiento de las prestaciones médicas de la Policía Nacional es realizado por SaludPol, dependiente del Ministerio del Interior. Es decir, la gestión de la salud en la Policía Nacional está separada en dos instituciones distintas: la Dirección de la Sanidad Policial para realizar las prestaciones médicas y SaludPol para pagarlas. Las falencias del aparato prestador de la Sanidad Policial obligan a la referencia (transferencia) de los pacientes a los servicios privados, cuyas prestaciones son pagadas por SaludPol. En el caso de los medicamentos, debido a su escasez en la Sanidad Policial, los usuarios acuden a las farmacias privadas y luego también SaludPol reembolsa el gasto. El Estado aporta el 6% de la planilla de cada miembro de la Policía Nacional para sus prestaciones médicas, sociales y económicas. Sin embargo, la precariedad de las prestaciones médicas de la Sanidad Policial genera presión de sus usuarios para buscar atención en el sector privado; aunque no todos, por escasez de fondos de SaludPol, la consigan. Por ello, aún quedan pacientes en las instalaciones policiales hospitalarias. Se encuentra en marcha la reconstrucción del Hospital Central de Policía, que se espera mejore la precariedad asistencial.

La novedad de la designación de la nueva ministra de Salud es que hasta el momento de su designación se encontraba en actividad como generala de la Policía Nacional, incluso ratificada por Resolución Suprema 195-2019-IN promulgada el 16 de noviembre del 2019, en el cargo de directora de la Dirección de la Sanidad Policial. Es probable que su designación política ha ido aparejada con la Resolución Suprema de pase al retiro, en cumplimiento del artículo 169 de la Constitución Política.

Los retos que enfrenta la nueva ministra son importantes, y quizá distan mucho de la forma como ha desempeñado sus anteriores funciones. Las herramientas también son distintas. Sin embargo, es probable que el presidente solo haya priorizado que se refuerce la prestación médica de los usuarios, que se resuelva la escasez de medicamentos y se impulse la construcción de infraestructura del Sector Salud, porque eso es lo que ofrece la experiencia de la nueva ministra. Sin embargo, las herramientas de gestión del Ministerio de Salud (Minsa) y los gobiernos regionales no están basadas en la separación de funciones entre instituciones financiadoras e instituciones prestadoras, y menos en la compra de prestaciones médicas al sector privado. Asimismo conduce, a través de Cenares, las compras conjuntas corporativas de medicamentos para todas las instituciones de salud que forman parte del Sistema Nacional de Salud. El Minsa y los Gobiernos Regionales cumplen la doble función de financiar y prestar los servicios de salud. Además, el Decreto Legislativo 1346, autoriza que el Seguro Integral de Salud (SIS) solo pueda comprar atenciones médicas al sector privado cuando el sector público tiene carencia o en situaciones de emergencia. Además, es necesario recordar las dificultades del modelo de compras abreviadas al sector privado, que experimentó el Minsa durante el Gobierno humalista, cuyos resultados fueron las deudas que acumuló el SIS hasta el año 2016, de casi S/ 2,500 millones; y eso es lógico porque al privado se le paga el precio total, mientras que al sector público el SIS solo contribuye con el 10% de los gastos totales, en promedio, de la atención médica de sus afiliados. Multiplicar por 10 los gastos de sus afiliados no parece ser la mejor alternativa.

La nueva ministra por provenir de una institución, castrense aporta inteligencia, disciplina y jerarquización. La organización sanitaria requiere serios ajustes; sin embargo, es necesario que primero se señale la orientación estratégica que tendrá el Ministerio de Salud y, por lo tanto, el Sistema Nacional de Salud. Los próximos días serán determinantes para evaluar las primeras medidas y sobre todo los cuadros técnicos que la acompañarán en su gestión.

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