Foto: RPP.

El sistema institucional supone que entreguemos las mediciones del equilibrio público, las prioridades y los ejercicios de ponderación de intereses colectivos a las autoridades elegidas y a las establecidas por ellas.  Pero en un marco que admite nuestro derecho a disentir de sus decisiones en defensa de nuestros derechos y preferencias subjetivas.  En cualquier caso el sistema institucional cuenta con que entreguemos nuestras disputas a una institución en particular, la judicatura, cuyas decisiones estamos obligados a respetar incluso en la diferencia, cuando se falla en contra de lo que esperamos que reconozca como justo, salvo claro en casos extremos como las que se expresan cuando media la corrupción o la impunidad más aberrante.

Pues bien, en la cuestión sobre los S/ 524 millones que Odebrecht pidió liberar a su favor, la jueza Álvarez Calderón acaba de tomar una decisión.  Los ha liberado. Y los ha liberado porque las partes en este caso, incluyendo a la Procuraduría, han declarado estar de acuerdo con que se proceda a la devolución.

Si no hay una controversia por resolver entonces no hay nada que decidir.

No estoy de acuerdo con esta liberación.  Creo que los acuerdos de colaboración con el Estado deben ser leídos de una manera distinta a la que ha empleado las partes en este caso.  Creo que los fondos debían haber sido retenidos hasta que Odebrecht repare los daños que parece haber causado en Olmos, los que sin duda ha causado en el sistema de árbitros privados y los que ha causado también al sistema de financiamiento de la política, para listar los tres ejemplos más evidentes de lo que aún no se ha reparado.

Las partes sin embargo parecen entender que esto puede hacerse luego.  Las razones que exhiben no son en absoluto absurdas ni son poco atendibles.  Discrepar con ellas no me impide reconocer en ellas una de postura respetable.  Entonces habrá que proceder en consecuencia.  Pero encuentro que “proceder en consecuencia” no implica sólo girar un cheque a nombre de la empresa más corrupta de nuestra historia reciente.  Es imposible dejar de notar que la liberación de los S/ 524 millones ha quebrado uno de los fundamentos de equilibrio del acuerdo de los S/ 610 millones.  Entonces “proceder en consecuencia” significa en este caso ejecutar la orden impartida pero también y con urgencia devolverle al acuerdo el equilibrio que acaba de perderse.

Quiero explicarme.  El tercer acuerdo firmado por el Estado con Odebrecht, el de los S/ 610 millones de reparación, está sujeto a un cronograma a quince años, debe ser reforzado, para que se mantenga en equilibrio, con dos llaves:  intereses que compensen el paso del tiempo y garantías que protejan al Estado de la incertidumbre que representa el futuro.  En la primera versión del acuerdo de los S/ 610 millones no se establecieron intereses.  La procuraduría y Odebrecht tuvieron que modificar el acuerdo antes de la audiencia de aprobación para incorporarlos, y entonces el valor nominal del acuerdo subió, según mis cálculos, a más de S/ 780 millones.

Entonces el acuerdo adquirió intereses y tenía garantías, pero implícitas.  Al aprobar el acuerdo la jueza hizo explícita una garantía que aplicó al saldo teórico de la venta de Chaglla, los S/ 524 millones de los que hablamos ahora, que resultan de descontar del precio de venta la deuda vencida y los pagos inmediatos que se hicieron al Estado.  Conforme a esta condición el monto debía ser retenido hasta que se aclare si habría o no más casos por discutir.  Entonces la enmienda y la resolución judicial que aprobó el acuerdo completaron las llaves de su equilibrio.

La decisión que acaba de hacerse pública deja al acuerdo sin su única garantía directa.  El acuerdo entonces ha quedado en desbalance, y el Estado desprotegido.  Sin garantías un acuerdo a 15 años vale menos que su valor nominal, aunque corran los intereses.  Odebrecht además nos ha dejado saber que puede quebrar en cualquier momento.  Entonces imaginemos que el Estado decidiera emitir bonos contra ese acuerdo, que no tiene garantías y tiene una contraparte que se tambalea financieramente. ¿Cuánto cree usted que valdrían esos bonos en el mercado?

Las decisiones judiciales deben ser respetadas, sin duda.  Pero los equilibrios financieros deben ser restituidos cuando son afectados por una de ellas.  Y en este caso el equilibrio del acuerdo ha quedado dañado.  La consecuencia es fácil de describir:  La procuraduría está obligada ante todas y ante todos nosotros a conseguir una garantía sólida que respalde este acuerdo.  Y debe hacerlo de inmediato.

No se trata, no lo creo, de seguir repitiendo que sin ese acuerdo no tendremos evidencias.  Ya es tiempo de notar que en una relación como la que se desprende de una acuerdo de colaboración el Estado es exactamente eso, el Estado.  Hemos comenzado a actuar respecto a Odebrecht como contraparte débil y ese es una senda que no debemos transitar.

Entonces la procuraduría tiene la palabra.  Diría más bien:  el deber de restaurar nuestra confianza.

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