“Día de la Energía”: Empresarios preocupados por futuro del país

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Día de la Energía

En circunstancias que el país atraviesa una situación política y social compleja, crítica, que requiere de liderazgo en la toma de decisiones acertadas al más alto nivel para solucionar los problemas y seguir un norte claro que evite un mayor deterioro de la economía por efectos de la conflictividad interna; dirigentes de gremios privados y especialistas coincidieron en que el sector energía y minas demanda de predictibilidad, respeto a las “reglas de juego” y un compromiso en la gestión de Gobierno para que nuevamente se posicione como prioridad en la agenda del Ejecutivo.

En el “Día de la Energía” que organizó la consultora Laub, Quijandría & Gomero (LQG) como espacio de discusión y planteamientos concretos; representantes de instituciones privadas y analistas expresaron su preocupación por la difícil coyuntura que atraviesa el Perú debido al enfrentamiento de poderes que derivó en la disolución del Congreso de la República, el enfriamiento de la economía que este año alcanzaría una tasa de crecimiento promedio de 2,5% a nivel del Producto Bruto Interno (PBI) y el recrudecimiento de la conflictividad social que perjudica el desarrollo de proyectos en cartera, la actividad productiva sectorial y la generación de empleo.

Y todo ello en momentos en que en el sector minero se discute una reforma legislativa, en el sector eléctrico una reforma regulatoria y en el petrolero una transformación que requiere de análisis y el aporte de expertos bajo la perspectiva de que la economía peruana recupere sus altas tasas de crecimiento de épocas pasadas que inclusive merecieron el reconocimiento de la comunidad internacional.

POSICIÓN EMPRESARIAL

Día de la Energía

La presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), María Isabel León, sostuvo que la incertidumbre marca el horizonte del país, situación que se complica por la sobreregulación y normas innecesarias que perjudican la ejecución de proyectos de inversión en diversos sectores de la economía pero que debería revertirse con la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad como responsabilidad del Gobierno.

En ese sentido, dijo que el sector privado tiene la mejor disposición de extender la mano y apoyar al sector público para revertir este sombrío panorama y que se garantice la predictibilidad, el respeto al Estado de Derecho y marco institucional vigente, así como el establecimiento de una agenda de gobernabilidad que lidere el presidente Martín Vizcarra.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Manuel Fumagalli, afirmó que las brechas sociales existentes en zonas del país con mayores necesidades básicas insatisfechas por ausencia del Estado y la gestión del Gobierno genera conflictividad por acción de grupos radicales antimineros.

En ese sentido, precisó que el sector aportó en los últimos 10 años unos 39 mil millones de soles por concepto de canon y regalías, de los cuales se ejecutó como inversión pública alrededor del 60% y hoy se dispone de al menos 15 mil millones de soles pendientes de ejecución que deben ponerse en valor, atendiendo las demandas de las comunidades por mejores condiciones de vida.

En su intervención en el bloque “Quiero progreso, pero no quiero mina”, el presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides; expresó que el país requiere del desarrollo de proyectos mineros para generar bienestar en la población; mientras que las diferencias con los grupos que se oponen a la minería deben solucionarse a través del diálogo y entendimiento ya que “entre peruanos no podemos ser enemigos”.

Ante la propuesta presidencial de reformular la Ley General de Minería, que obedece a las exigencias de los gobernadores regionales agrupados en la denominada “Mancomunidad del Sur”, Benavides, ex presidente de la CONFIEP, manifestó que “por supuesto, algo habrá que modificar”, pero es inaceptable un cambio sustancial de la norma vigente desde el año 1992 en función a las acciones de presión y posiciones de confrontación.

En su presentación, el gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, expuso su preocupación por tan rápida desaceleración de la economía peruana, cuyo pronóstico de crecimiento este año varía entre 2% y 3% del PBI, pero es atribución y responsabilidad del Gobierno “hacer su chamba” para retornar a tasas de crecimiento entre 5% y 6% del PBI previo desbloqueo de los candados institucionales que generan barreras que perjudican la inversión.

En un clima de incertidumbre por el futuro de la nación, el economista dijo que la buena noticia es que el Perú tiene un potencial enorme para seguir creciendo, pero la mala noticias es “que tenemos que ponernos de acuerdo” en temas fundamentales como el respeto a la institucionalidad con reglas claras y certeras.

En la medida que el país recupere mayores tasas de crecimiento también se elevará el PBI per-cápita actual de 12 mil dólares, a diferencia del PBI per-cápita de Chile que asciende a unos 24 mil dólares.

El socio fundador de LQG, Anthony Laub, aseguró que el sector privado asume una posición de permanente defensa de la legalidad e institucionalidad, un aspecto donde “seguimos dando tumbos”, situación que se complica por el exceso de burocracia, entrampamientos y sobreregulación que genera corrupción.

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El consultor dijo que la falta de respeto a la institucionalidad ha puesto en riesgo las inversiones que generan riqueza, empleo y prosperidad, una realidad que debe revertirse con la participación de más voces en defensa del progreso y desarrollo nacional. “A mayor Estado, más corrupción; a mayor libertad, más progreso”, sentenció.

Ricardo Labó, socio de LQG y ex viceministro de minas, indicó que el sector no tiene mucho que celebrar, en vista que el atraso en la inversión minera asciende a unos 2 mil millones de dólares este 2019 en un contexto de institucionalidad trastocada y el intento de regular la denominada “licencia social”, un concepto subjetivo. Además, el 15% de la cartera de proyectos continúa paralizada.

DIÁLOGO CON ACTIVISTAS

El reconocido economista y presidente del Instituto Libertad y Democracia, Hernando de Soto, brindó una entrevista al periodista Beto Ortiz en presencia de al menos 350 participantes del VIII Congreso Anual de Energía congregados en el hotel Westin de San Isidro, y puso énfasis en la oportunidad de establecer puentes de diálogo con los verdaderos movilizadores de las protestas sociales, de quienes recabó sus testimonios presentados en pantalla gigante del auditórium.

Hernando de Soto, autor de “El Otro Sendero” y “El Misterio del Capital”, aconsejó a los empresarios conversar con los protagonistas del descontento social, pues considera que las comunidades tienen el interés de entrar al sistema de titulación y derecho de propiedad que sea reconocido en el ámbito internacional.

A partir de sus investigaciones, comentó que se conforma una nueva estructura social que está emergiendo en todo el mundo, una especie de resurgimiento de la izquierda con otra visión de incorporarse al mercado que les permita acceder al crédito, vía titulación, para mejorar sus condiciones de vida.

En “El Día de la Energía” que coincidió con la celebración de los 13 años de LQG, ejecutivos y representantes de empresas expusieron diversos temas y presentaciones divididos en bloques que concitaron el interés de los asistentes. Southern Perú expuso los alcances del proyecto minero “Tía María” que esperan hacer realidad en algún momento.

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Licenciado en periodismo y comunicador de instituciones públicas y privadas. Magíster en Información Económica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y posgrado en Comunicación Corporativa de la Universidad en Lima. Especialización en periodismo financiero de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN).

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