Martín Vizcarra

Como ocurrió con la cuestión de confianza, no tenemos prácticas constitucionales ni reglas completas establecidas que dejen en claro, en blanco y negro, cómo proceder en este corto periodo. Tenemos un interregno en el que el cuadro de los poderes públicos se ha modificado temporalmente. El Congreso ha sido disuelto. Y el texto Constitucional establece que cuando esto ocurre, las dos condiciones prácticas por cumplir son (a) que se convoque a elecciones, cosa que ya se ha hecho, y (b) que la elecciones se realicen en los cuatro meses siguientes a la disolución.

El texto Constitucional regula la reinstalación del Congreso disuelto. Esta medida procede en un solo caso: cuando no se realicen elecciones en el plazo establecido. La Constitución en esta parte deriva todos los controles sobre el interregno (entonces también sobre las condiciones en que se disolvió el Congreso) expresamente al juicio político que entrega al nuevo parlamento elegido.

Ese nuevo parlamento puede censurar al gabinete o negarle la confianza. Puede además iniciar un proceso de responsabilidad política contra el Presidente o demandar la intervención declarativa del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad del procedimiento seguido, si hubiera violado competencias establecidas. Pero la Constitución no asigna a ninguna de estas opciones, como consecuencia, la reinstalación del Congreso disuelto.

En estas condiciones cualquier eventual o hipotética responsabilidad política que se atribuya al Ejecutivo durante el interregno, ya sea por el uso de decretos de urgencia, ya por las propias condiciones en que se disolvió el Congreso, corresponde al nuevo parlamento elegido. No al Tribunal Constitucional, salvo claro que el nuevo Congreso demande su intervención una vez instalado. Pero aún en caso que el Congreso elegido decida reclamar responsabilidades políticas al Presidente, las consecuencias no tendrán efectos retroactivos.

Sea cual sea la posición que adopte su mayoría sobre la disolución del Congreso o sobre el interregno, el Congreso elegido en el interregno sigue seguirá siendo el Congreso en funciones hasta el final del periodo, aunque las responsabilidades políticas que determinen provoquen una nueva crisis del gabinete. La Constitución no contempla otra forma de control sobre el interregno.

En la lógica del texto el barómetro de control de este proceso se construye en base a las elecciones que en este caso se realizarán en enero. No de otra manera.

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