Foto: RPP.

Hace algunos días publiqué una nota en que explicaba por qué no debe ni puede autorizarse que Odebrecht reciba los S/ 524 millones que reclama como saldo teórico de la venta de Chaglla.  En resumen, un acuerdo que genera un cronograma de pagos como el que ahora está en discusión (el de los S/ 610 millones más intereses) sólo funciona si está rodeado de dos herramientas dispuestas a favor del Estado: intereses (que en este caso representan entiendo más de S/ 140 millones adicionales) y garantías (que en este caso suponen la retención de todos los saldos hasta que quede claro que no habrá más casos por discutir).

Renunciar a cualquier de estas dos herramientas es un negocio inaceptable.  Dejaría la posición del Estado en las más completa vulnerabilidad.

He oído en estos días que si no se autoriza la entrega de esos fondos Odebrecht incumplirá el acuerdo y el Estado no recibirá el pago de la reparación ni más información sobre los casos en debate. Es una mala noticia, claro. Pero revisemos cuánto pesa.

En primer lugar hablamos de “más información”.  Notemos que si el acuerdo no se hubiera aprobado el Estado no podría haber usado “ninguna” información proveniente de Odebrecht.  Pero con el acuerdo aprobado toda la información entregada hasta que se confirme la resistencia de Odebrecht a proceder es útil. El corte del abastecimiento no nos quita lo ya entregado. Entonces claro, no podremos obtener “más” datos.  Pero si lo que falta son entregas de dinero de pequeña dimensión o a particulares y la condición para recibirla es abandonar las garantías del acuerdo, entonces, puestas las cosas en balanza, me quedo con las garantías. Los acuerdos de colaboración eficaz sirven para obtener información útil, es innegable.  El Estado paga con la renuncia a la persecución por esa información.  El precio es alto.  Demasiado alto para incrementarlo dándonos el lujo de quedar desprotegidos.

En el juego de presiones de estos acuerdos el Estado debe tener un punto límite, un momento a partir del cual el colaborador debe recibir un “no” como respuesta.  De lo contrario terminamos entregando al sometido la riendas de control sobre el proceso. No lo olvidemos: Odebrecht se ha sometido a este acuerdo. No es una “contraparte” con derechos equivalente a los que respaldan la posición del Estado.

Bien. Si Odebrecht declara que no continuará abasteciendo de información al Estado, entonces los casos en su contra tendrán que reactivarse. Oí que en ese caso Brasil no extraditaría jamás a sus ejecutivos.  Probablemente sea cierto.  Pero las órdenes de detención que habría que ordenar les impedirían salir del territorio de su país por tiempo indefinido.  No parece buen negocio para ellos.  Especialmente porque uno de los casos por activarse supone haber lavado activos en cantidades exhorbitantes en el Perú.  Y eso además los dejará des certificados en cualquier mercado por recuperar.  Además claro de lo que significará que el Estado peruano reporte a la comunidad financiera internacional que Odebrecht ha roto un acuerdo de reparaciones con uno de sus Estados víctima.

También he escuchado que será un problema perder la reparación de este acuerdo.  Bueno, sin garantías y con un Odebrecht que anuncia que va hacia la quiebra, los S/ 610 millones del acuerdo valen mucho menos que los S/ 524 millones disponibles para ser incautados.  Claro la incautación requiere reflejos rápidos y un caso que muestre que las ventajas generales que Odebrecht ha obtenido en el Perú provienen de una serie de crímenes de corrupción documentados.  No parece difícil preparar ese caso con el material que ya se tiene.  Además quedan en línea de incautación los derechos que Odebrecht mantiene sobre Olmos, Chavimochic, Rutas de Lima y las IIRSA. Enorme desafío hacer estas incautaciones (que nunca fueron la primera opción) y rematar las concesiones. Más para un Estado que no ha podido resolver las secuelas de la resolución de la concesión del gasoducto del sur (donde Odebrecht también tiene derechos que afectar) en más de dos años y medio.  Pero son tiempos nuevos ¿verdad?  Se trata de ponerse los pantalones largos, no de inclinarse.

En lo personal no me agrada la imagen que proyectaría un Estado que se somete a una empresa responsable de crímenes como los que Odebrecht ha cometido en condiciones que convertirían un acuerdo que encuentro legítimo en un instrumento sin balance.

Esta no es una escena en la que pueda terminar mandando el responsable sometido.

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