Foto: RPP.

Aparentemente el día de ayer se entrampó una declaración programada como parte de la ejecución del tercer acuerdo del caso Odebrecht, el de los S/ 610 millones de reparación más intereses.  El tono de las declaraciones registradas en los medios y los comentarios que han trascendido ponen en evidencia que Odebrecht podría haber condicionado la continuación del proceso de ejecución del acuerdo a que se resuelva su reclamo por los S/ 540 millones que en teoría resultan como “saldo” de la venta de Chaglla. La resolución que aprobó el acuerdo impide literalmente que Odebrecht perciba dinero antes que se aclare si deberá responder por más casos que por los cinco por los que hasta ahora ha aceptado (Chancas, Metro, IIRSA, Costa Verde y Evitamiento del Cuzco). Encuentro sencillo notar que Odebrecht no ha aceptado aún responsabilidad de ningún tipo por haber filtrado en la política ya más de $ 10 millones. Encuentro además que la fiscalía aún no ha determinado cuál es el tratamiento legal que corresponde dar a la circulación de fondos clandestinos entre particulares, como los que se investigan bajo al menos dos de los principales codinomes revelados en el último periodo; me refiero a los casos de espionaje corporativo privado.  El Ministerio Público además parece tener más casos bajo investigación que los que tienen las fiscalías especializadas, el más importante de ellos sin duda es Olmos.  Entonces ¿cómo liberar fondos a favor de Odebrecht ahora?

Pero hay más que el pésimo momento en que se plantea este reclamo. En el lenguaje del último tiempo se está abordando este acuerdo como si se tratara de un contrato semejante a aquellos que, en caso de controversia, pueden ir a ser discutidos ante un tribunal internacional.  Entonces ha comenzado a asociarse “la vigencia del acuerdo” al “cumplimiento de las prestaciones aceptadas por el Estado”. Detengámonos en esto.  Esto es en efecto un “acuerdo”, pero no es un contrato semejante en nada a esos contratos que usualmente firma el Estado en particulares.  Los acuerdos de colaboración eficaz son en realidad actos de renuncia a la persecución de un delito a cambio de información entregada por alguien que acepta un crimen.  Tienen condiciones secundarias, como que el responsable pague los daños que ha causado.  Y tienen garantías que respaldan la posición del Estado, en un entorno en que no cabe interpretar las cosas desde nada semejante a la “buena fe” o la “común intención de las partes”.

En estos acuerdos el Estado otorga a quien “se somete” (noten la fuerza del lenguaje:  el responsable por un crimen no “acepta”, “se somete”) cierta inmunidad relativa a cambio de información o evidencias.  No le entrega dinero que podría incautar.  Estos acuerdos no tienen por causa liberar fondos para quien se somete a ellos, ni pueden ser tomados como parte de su apalancamiento financiero.  Los fondos y los activos del responsable en estos acuerdos constituyen una garantía implícita siempre que el Estado tenga al menos una razón para sospechar que hay un crimen más que discutir.  No es al contrario.  Por supuesto también en estos casos tiene la prohibición de comportamientos arbitrarios que impide abusos del Estado. Pero no es arbitrario intervenir fondos de quien ha cometido un crimen cuando existen razones fundadas para sospechar se debe responder también por otros crímenes.  Y en este caso las filtraciones clandestinas de fondos en la política, las filtraciones empleadas en lo que parecen ser casos de espionaje corporativo, Olmos y otros proyectos en provincias, además del verdadero significado de las observaciones tributarias reconocidas por Odebrecht (¿a qué se refieren en realidad las observaciones por S/ 450 millones que Odebrecht ha reconocido?) y la enorme inestabilidad de las cifras de sobornos reconocidos hasta ahora (de los $29 millones originales a los más de $80 actuales hay una enorme diferencia) son, desde mi punto de vista razones suficientes para no aceptar, no ahora, que Odebrecht pueda disponer de los S/ 540 millones de fondos líquidos que quedarían como saldo de la venta de Chaglla.

Eso sin notar nuevamente que Odebrecht tiene un extenso cronograma de pagos por hacer al Estado en medio de una situación financiera más que precaria que, hay que decirlo, puede empeorar si el Estado se ve obligado de declarar públicamente que Odebrecht no es de fiar cuando suscribe acuerdos de colaboración o clemencia.

A mí tampoco me gustan los acuerdos como los que se han firmado en estos casos.  Yo también pienso que es moralmente difícil aceptar que el Estado necesite acuerdos como estos para impulsar casos penales.  Me espanta el protagonismo que ganan los responsables de haber cometido crímenes en estas condiciones.  Y me parece espantoso además que puedan sostener ese protagonismo por tanto tiempo. Pero reconozco que en las actuales condiciones estos acuerdos son inevitables.  Por eso lo respaldo.  Sin embargo, sí creo que todos debemos tener en cuenta que estos acuerdos son altamente adictivos.  Y que quienes los aceptan tienden siempre a usar la intriga para generar dependencia.  Entonces no perdamos de vista que en el algún momento esto tendrá que terminar, si es preciso que termine.

La cuestión es simple: el Estado no puede volverse dependiente de una organización como Odebrecht. El Estado sigue siendo el Estado y eso es algo que no puede perderse de vista.

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