Cuestión de Confianza

La cuestión de confianza es un concepto en construcción. Entonces no tiene límites constitucionales que deban reconocerse como ya establecidos.  Lo único que está claro es que tiene que tener una conexión con políticas de gobierno.  Eso solo significa que no se le puede usar con propósitos personales o privados imparciales o nada importantes. Tiene que emplearse dentro de los ejes de las políticas de Estado.

En su primera acepción, que corresponde al acto de investidura de un gabinete, de hecho, la cuestión de confianza no está asociada a leyes, sino a objetivos.  La cuestión de confianza es antes que nada un mecanismo por el que el Ejecutivo fuerza al Parlamento a hacer una declaración política de aquiescencia o rechazo con una meta que propone como objetivo compartido o al menos admitido.

Pero también es una forma de defenderse de un ataque Constitucional montado desde el Congreso. En el caso Zavala por ejemplo el Ejecutivo uso la cuestión de confianza como defensa frente al anuncio de la censura de la Ministra Martens.  No hubo entonces ningún proyecto de ley en debate.

Tampoco un gabinete en acto de investidura.  Fue un acto político de defensa.  Del Solar hizo algo semejante:  En la sesión del 30 usó la cuestión de confianza como defensa frente al uso de las elecciones del Tribunal Constitucional como factor de confrontación en plena crisis política.  El pedido se concretaba en la suspensión de la votación de los candidatos propuestos.  Y se planteó con absoluta claridad sobre su alcance antes que comience el debate, en el Pleno.

El procedimiento, como es evidente, no se suspendió.  Entonces no se aceptó un pedido formulado como cuestión de confianza.  Nada hay aquí que interpretar.

Las cosas estarían más claras aún si la cuestión de confianza se hubiera limitado solo al pedido de suspensión, sin el proyecto de ley que el Presidente Vizcarra había anunciado días antes, el 27.  El proyecto de ley confundió el sentido del debate y le dio espacio a la mayoría para crear una coartada: no suspendieron, no eligieron a todos sino a uno de los candidatos y aun así pretendieron aprobar la confianza.

La combinación entre el pedido de suspensión del proceso (evidentemente el decisivo) y un proyecto de ley (que encontré innecesario desde que se anunció, el viernes) fue una mala idea.  No cambia las cosas, pero ha abierto espacio a debates innecesarios.  Un pedido formulado con la simpleza y la claridad de un “suspenden o no suspenden la elección” no habría dejado espacio para coartadas ni llevaría a nadie a pensar ahora que pueda faltar un debate ante el Tribunal Constitucional para aclarar cosas que en el fondo están más que claras.

El giro verbal del Presidente “la confianza ha sido denegada de facto” confunde aún más. Sugiere que hay otra forma de denegarla (“¿de jure?” ¿Acaso esto no ha sido jurídicamente claro?). Habría sido más simple declarar que el Ejecutivo pidió bajo las reglas de la cuestión de confianza que se detenga la elección y está no se ha detenido. Sin construcciones adicionales.

Lo que dispone la Constitución es que se cierre el Congreso que bloquea dos veces esta forma urgente de provocar consensos o de articular defensas constitucionales.  El Congreso bloqueó por segunda en un solo ciclo político (los ciclos políticos se marcan por elecciones generales) una defensa extrema lanzada por el Ejecutivo.

Y ahora está cerrado.

Deja un comentario