Foto: RPP.

En diciembre de 2016, al firmar el acuerdo de Washington, Odebrecht declaró haber obtenido ganancias ilícitas en en el Perú por US$ 143 millones. El tercer acuerdo con el Estado peruano, firmado en febrero de 2019, contiene una cláusula por la que Odebrecht reconoce observaciones de la SUNAT por aproximadamente US$ 140 millones que debieron ser tomados como base al calcular sus impuestos y no lo fueron.

La semejanza entre ambas cifras es más que sugestiva.

La Procuraduría no ha confirmado aún si las observaciones tributarias aceptadas con ocasión al tercer acuerdo corresponden o no a fraudes en impuestos. Si lo confirma, el círculo sobre la incertidumbre del origen de las llamadas “ganancias ilícitas” reconocidas en diciembre de 2016 se habrá cerrado. Estas corresponderían a fondos retirados del Perú simulando pagos por servicios inexistentes o alterando por métodos esquivos los cálculos de impuestos por pagar. De esta forma Odebrecht habría transferido a la llamada “división de operaciones estructuradas” US$ 140 o 143 millones originados en el Perú. Esta habría sido, siempre con cargo a revisar los números con cuidado, “la cuota” del Perú en el proceso de alimentación de la también llamada “Caja 2”.

El origen de fondos que ingresaron a la lavandería de Odebrecht desde el Perú podría ser entonces una serie consistente de fraudes tributarios.

Nótese además que la Sunat aún debe confirmar si esos US$ 140 millones son todo lo que tiene que reclamar a Odebrecht por la manipulación de sus registros contables y declaraciones sobre impuestos. En diciembre de 2016 Odebrecht dijo, en efecto, que obtuvo en el Perú US$ 143 millones en ganancias ilícitas. Pero también dijo que había pagado US$ 29 millones en sobornos y el total descubierto resulta ahora superar los US$ 80 millones.

Si las ganancias ilícitas reconocidas en diciembre de 2016 como ganancias ilícitas podrían no representar el total verdaderamente transferido como “cuota” a la llamada “Caja 2”.

Antes de tomar cualquier distribución de supuestos “saldos teóricos” como el que se pretende resulta de la venta de Chaglla (S/ 524.5 millones o US$ 163.9 millones), debemos confirmar cómo exactamente se calcularon estas llamadas “ganancias ilícitas” y cuál es su volumen definitivo. Y debemos obtener una compensación por la diferencia. Si no tenemos ya lista esa información es imposible que Odebrecht pretenda que esta historia ha terminado.

De hecho toca establecer garantías que aseguren que el resultado de estas indagaciones puede producir un cuarto acuerdo.

Pero regresemos sobre la cuestión del lavado.

Sustraer fondos del mercado no es aún lavar activos. No se lava activos cuando se roba, cuando se estafa ni cuando se cobra una extorsión. Tampoco cuando se desvían fondos que debieron transparentarse como ganancias en el cálculo de impuestos. Se lava activos cuando los fondos así obtenidos se filtran en la economía. Incluso, en nuestro caso, se lava activos antes de filtrar estos fondos, cuando se “convierten” en otra cosa o se “transfieren” a alguien, un tenedor intermedio o final, aunque el mismo no los filtre en la economía.

Odebrecht usó los fondos de la Caja 2 para pagar sobornos (hasta ahora más de US$ 80 millones en el caso peruano). Pero además de pagar sobornos, teniendo en sus manos una lavandería, Odebrecht empleó US$ 9 millones para financiar de una u otra manera a políticos locales de forma encubierta. Sea que esos fondos se hayan usado en campañas, en gastos en publicidad o en formar pequeñas fortunas personales de candidatos, Odebrecht lavó activos cuando, clandestinamente, filtró fondos a la política con cargo a los márgenes que obtuvo al generar ganancias ilícitas.

Entonces Odebrecht lavó activos. Y esto es un delito más allá de la decisión que tomemos sobre la responsabilidad que quepa atribuir a quienes los recibieron.

Odebrecht aún nos debe una reparación también por esto.

En lugar de estar discutiendo ahora si Odebrecht tiene o no derecho a retirar del Perú el saldo teórico de la venta de Chaglla (los S/ 524.5 millones de los que venimos hablando), tendríamos que establecer cuál es el monto definitivo de las ganancias ilícitas que obtuvo en el Perú y cuánto nos debe por haber filtrado esos US$ 9 millones en política. Deberíamos dejar en claro cómo se va a garantizar que cuando terminemos esos cálculos habrá manera de compensarnos. Y deberíamos estar discutiendo cómo cerramos las dudas que aún nos quedan por los casos Gasoducto, Olmos y Rutas de Lima, al menos.

La Procuraduría tiene la palabra.

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