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El año 2006 se creó el Grupo Técnico Multisectorial (Contrafalme), conducido por el Ministerio de Salud (Minsa) e integrado por instituciones públicas —como la Policía Nacional, la Fiscalía, las municipalidades, la sociedad civil, profesionales de la salud y la industria farmacéutica, entre otros—, con la finalidad de luchar contra el contrabando, el comercio ilegal y la falsificación de medicamentos, equipos e insumos, a través de estrategias operativas concretas. La diversidad de las modalidades para falsificar solo pone en evidencia la malévola creatividad de los infractores. A pesar del tiempo transcurrido, los llamados (en argot peruano) “medicamentos bamba” continúan florecientes en el comercio de nuestro país. Diversos estudios señalan entre un 25% y 35% del mercado de medicamentos, y ubica al Perú como uno de los primeros cinco países con mayor falsificación del mundo.

La existencia de los medicamentos bamba es el problema fundamental de la política de medicamentos de nuestro país. La magnitud del problema radica no solo en el daño a la salud de los peruanos, sino porque evidencia la informalidad en que opera el mercado farmacéutico y la dificultad para emprender estrategias de confianza en la prescripción (receta) y uso racional de los fármacos. El médico se siente en la obligación moral de vigilar que la receta médica no sea cambiada, y el usuario hace lo propio porque es consciente de que interactúa con un mercado informal. Además, el Minsa tampoco es capaz de garantizar que los establecimientos farmacéuticos y boticas cumplan en modo adecuado con las buenas prácticas de almacenamiento, dispensación (venta) y disposición de los desechos de los residuos de medicamentos.

La Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas ha transferido las funciones de fiscalización y control a las regiones y a las direcciones de Redes Integradas de Salud en Lima Metropolitana. Sin embargo, estas no han desconcertado la fiscalización y el control en las Redes Integradas de Salud del nivel local o distrital, porque aún no existen. Por ejemplo, la Diris Lima Este se ubica en el distrito de El Agustino; sin embargo, su área de influencia es hasta el distrito de Chosica. Es decir, los funcionarios deben desplazarse desde su sede hasta la botica o farmacia más alejada del distrito de Chosica. Es obvio que existe una barrera geográfica y económica para la fiscalización y el control. La creación de las nuevas Redes Integradas de Salud es la oportunidad para desconcentrar la fiscalización y el control. Además, cada establecimiento de salud público debería ser aprovechado, sin que esto signifique mayor gasto, para el mismo fin.

La realidad demuestra que los medicamentos bamba se comercializan en lugares informales y centros comerciales de reducidores. Pero también, aunque parezca increíble, en farmacias y boticas formales. En las zonas alejadas de las provincias y las zonas rurales, la realidad es aún peor.

Un aspecto, a veces dejado de lado, es evitar que los medicamentos vencidos lleguen a los consumidores a través de mecanismos ilegales y en centros de venta ilegal. El Minsa debe demostrar solvencia técnica para resolver el problema de los desechos de los medicamentos vencidos, y fortalecer las normas para el correcto proceso de su desecho. Y también se debe evitar que los propios establecimientos de salud reciban el encargo de deshacerse de los residuos de los medicamentos vencidos.

A pesar de incumplir el desafío de la lucha contra la comercialización de medicamentos adulterados, falsificados y de contrabando, y la mayor utilización de Internet con ese propósito, el Minsa ha presentado un proyecto de ley para promover el uso de los medicamentos genéricos, la compra de medicamentos a través de organizaciones intergubernamentales (OPS, Unicef y Unfpa) para mejorar el suministro público y la obligatoriedad de mantener un stock mínimo de genéricos en los establecimientos farmacéuticos privados. La iniciativa reitera aspectos ya legislados, desde el año 1997, a través de la Ley General de Salud y otras normas conexas, que no se cumplen, debido a que ha habido retraso o no se han promulgado las directivas para aplicar esas leyes. Es decir, el problema de fondo es la inadecuada gestión del medicamento, que incluye la falta de fiscalización y control.

El proyecto reitera la promoción del uso de medicamentos genéricos; sin embargo, el Minsa no ha cumplido con acreditar la bioequivalencia y la intercambiabilidad de estos con respecto a los medicamentos que sirven de referencia. Aún los empaques de los medicamentos no poseen la etiqueta de intercambiable. Tampoco ha acreditado que los productos biosimilares hayan pasado los estudios de comparabilidad, similaridad, y estudios de eficacia y seguridad, a pesar de que lo exige el Reglamento (DS-013-2016-SA).

La existencia de los llamados medicamentos bamba daña la salud de los peruanos, la economía nacional e inclusive, las exportaciones. La falta de garantía de la calidad y seguridad de los medicamentos genéricos y biosimilares, también. ¡El Minsa, en lugar de culpar a terceros, debe ponerse a trabajar!

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