Foto: Edoméx Informa

Visitando Londres, en el Palacio de Westminster, la sede del Parlamento del Reino Unido, justo en la sala intermedia que da tanto a la sala de los Lores como a la de los Comunes escuché al guía decir que nos encontrábamos en un espacio único e histórico, construido para el contacto de la ciudadanía con sus representantes: el Lobby.

Entonces vinieron a mi mente diversas conceptualizaciones de como las actividades de “Gestión de Intereses” se habían integrado de manera casi perfecta con el nombre del ambiente en el cual nos encontrábamos, surgiendo así el “Lobbying” y los “LobbyAgents”, que posteriormente conoceríamos “Lobbysmo” y “Lobbystas”, respectivamente; o bien nos referiríamos a la actividad en su conjunto, y más castizamente, como “Cabildeo”.

Tanto su regulación como su aceptación en las diferentes sociedades han sido y siguen siendo motivo de amplio debate, la nuestra no es la excepción y es así como la semana pasada, por ejemplo, hemos visto publicarse el Decreto Legislativo N° 1415 que modifica la Ley N° 28024, ley que regula la gestión de intereses en la administración pública y que pone especial atención a “los registros preventivos, las agendas oficiales de funcionarios y los registros de visitas a fin de facilitar su acceso, y mejorar el contenido y publicidad de los mismos”.

Como el propio decreto reconoce “la gestión de intereses es una actividad legítima que puede ser ejercida por cualquier persona natural o  jurídica en ejercicio de sus derechos fundamentales, con la finalidad de exponer sus puntos de vista en el marco del proceso de definición de una decisión pública, a fin de orientar dicha decisión en el sentido deseado por ellas”; también expone que “sin perjuicio de ser la gestión de intereses una actividad legítima, esta requiere ser regulada para asegurar la equidad y transparencia en una cultura de integridad, convirtiéndose en un instrumento de prevención orientado a asegurar la probidad en la administración pública conforme a las disposiciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción de las cuales Perú es parte obligada”.

Dicho ello, concluye que en consecuencia “adquiere relevancia contar con registros de datos abiertos que permitan el fácil acceso y la búsqueda de información por parte de la ciudadanía, de modo que las actividades de visitas, gestión de intereses y agendas oficiales de los funcionarios y servidores públicos respondan a principios de máxima transparencia y publicidad, fundamentales para fortalecer una cultura de integridad pública”.

En la práctica, tenemos 3 aspectos claves a considerar con esta nueva regulación, y son:

  • Que toda reunión con Funcionarios Públicos con capacidad de decisión deberá registrarse, aun esta se de manera casual y que este registro deberá ser de acceso público general.
  • Que toda reunión que se solicite con alguno de los funcionarios públicos en mención deberá llevarse a cabo en las instalaciones de las Entidades Públicas correspondientes y no fuera de ellas.
  • Que deberá hacerse pública la lista de funcionarios públicos a quienes se refiera la normativa, siendo responsabilidad de la máxima autoridad de la Entidad correspondiente determinarla; así como velar por el estricto cumplimiento de la misma.

Como bien se menciona también en la justificación del Decreto Legislativo, coincido en que, “en concordancia con la Política General de Gobierno, la Política y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021”, el nuevo decreto legislativo busca fortalecer una cultura de integridad en aras de recuperar la confianza ciudadana en la administración pública.  Que así sea.

 

NOTA: Las referencias entre comillas corresponden al mismo Decreto Supremo publicado en el Diario Oficial “El Peruano” y que Uds. pueden descargar en el siguiente ENLACE: https://www.scribd.com/embeds/388531349/content#from_embed

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