Foto: La República

Los últimos días hemos visto en los medios de comunicación y las redes sociales las sentidas reacciones en torno al lamentable fallecimiento de Eyvi Ágreda, la joven que fue brutalmente agredida por un acosador que le prendió fuego; pero, también lamentablemente vemos con mucha preocupación el uso de esta tragedia personal para atacar al Congreso de la República, de forma enconada a Fuerza Popular, levantando mentiras en torno al rol desempeñado en la lucha contra el feminicidio y la violencia contra la mujer.

Una campaña de absoluta desinformación, sustentada en falacias y medias verdades con el solo propósito de desprestigiar la labor que se viene desarrollando en la lucha contra toda violencia en contra de las mujeres. En estas últimas semanas, por ejemplo, el Pleno del Congreso aprobó un paquete normativo que tiene por finalidad proteger a las mujeres, incluso hubo hace unas fechas, un Pleno Mujer, solicitado por la Presidenta de la Comisión de la Mujer, Congresista de Fuerza Popular, que buscaba ponderar y aprobar las iniciativas legales que se deben emitir para frenar la violencia contra la mujer.

Se acusa a Fuerza Popular de no manifestar compromiso para erradicar la violencia contra la mujer, bajo la falacia que el Decreto Legislativo 1323, habría sido derogado con los votos de Fuerza Popular, por la única razón ideológica de que la palabra género no se acepta en este partido. Esto es absolutamente inexacto y falso.

La votación a la que se alude, que ha sido ampliamente difundida en las redes en forma tendenciosa, se refiere a la necesaria modificación de dicho Decreto Legislativo en extremos distintos al delito de Feminicidio. La redacción del referido Decreto Legislativo excedió los alcances de la Ley de Facultades Legislativas, pero no se modificó para nada el extremo referido al tipo penal feminicidio, solo se restringieron términos como identidad de género o identidad sexual, que nunca estuvieron comprendidos en la solicitud del Poder Ejecutivo, afectando, según los críticos los derechos de la comunidad LGTBI. Por ello, desde Fuerza Popular incluso se presentó un proyecto de Ley que busca regular la inclusión de dichas minorías en el marco legal vigente.

Sin embargo, deseo ser enfática en este punto, el DECRETO LEGISLATIVO SIGUE VIGENTE, la tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal NUNCA ESTUVO EN CUESTIÓN, incluso, actualmente viene siendo utilizada como un arma legal poderosa para procesar y castigar a los criminales feminicidas.

En el marco de sus competencias constitucionales, el Congreso ha actuado y lo sigue haciendo, pero con extrema mentira y amparado en falacias se pretende generar una imagen de no tener compromiso en los temas de feminicidio, pero esta batalla ideológica también está en el plano de la protección de los derechos de las minorías.

En tal sentido, reiteramos, existen múltiples leyes dadas por el Congreso que dotan de herramientas para combatir la violencia contra la mujer, pero finalmente los que activan su despliegue son los órganos que conforman el sistema de administración de justicia. De otro lado, corresponde al Poder Ejecutivo establecer las políticas públicas sectoriales que ataquen el problema en forma eficaz y eficiente, a través de los Ministerios de Educación, Mujer, Interior, entre otros, que deben articular sus esfuerzos y presupuestos para desterrar de nuestro país la violencia contra la mujer. Las alarmantes cifras evidencian que se debe actuar de forma urgente.

Las leyes requieren de un despliegue por parte de los órganos competentes, esto demanda la actuación desde todas las instancias de los diversos poderes del Estado, en especial del Poder Ejecutivo, que debe liderar políticas públicas de acción inmediata de prevención. Atribuir la muerte de Eyvi a “designios de la vida” constituye una declaración desafortunada, pues las muertes son causadas por criminales que pululan en nuestra sociedad y a quienes la vida de estas mujeres no les importó nada.

El sábado último, el Presidente Vizcarra señaló que dentro del pedido de delegación de facultades que se encuentra actualmente en evaluación, el literal b) del numeral 5) del mismo se encuentra exclusivamente dirigido a “Fortalecer el marco jurídico para la prevención y protección de violencia contra la mujer y grupo familiar en especial de víctimas de casos de acoso, acoso en espacios públicos, tentativa de feminicidio, feminicidio y violación sexual de menores de edad, así como para la sanción efectiva de la comisión de dichos delitos”. Este pedido concreto y específico genera una oportunidad enorme para el trabajo en conjunto para luchar contra este enorme problema estructural de manera integral.  Sin embargo, si luego de otorgarse las facultades el Poder Ejecutivo no emprende políticas públicas transversales y concretas sustentadas en las facultades aprobadas, no habrá cambio sobre esta situación que nos genera tanto dolor y desasosiego, dejando en el plano de letra escrita pero que no desarrollan acciones concretas.

Desde el Congreso seguiremos apoyando al Gobierno en todo lo demande para combatir la violencia contra la mujer y todos los demás problemas de la ciudadanía que requieran atención. Sin embargo, los Congresistas no ejecutamos ni fijamos la dirección de las políticas públicas, este despliegue corresponde a los diversos ministerios del Poder Ejecutivo, a quienes corresponde tomar las decisiones de gobierno que incidan de manera concreta en la población. Nosotros les damos la confianza, las competencias, el marco jurídico que solicitan, ahora les toca a ellos hacer su parte.

Basta de mentiras, de medias verdades, no permitamos que la muerte de Eyvi signifique una oportunidad para sacar réditos políticos amparados en falacias, los odiadores de siempre, quienes sólo buscan desprestigiar a nuestras instituciones y dividir nuestro país. Que ésta y otras lamentables pérdidas que nos unan a todos los peruanos en la lucha por erradicar cualquier tipo de violencia en nuestro país. Por Eyvi y por todas las víctimas, ¡¡basta ya de mentiras!!

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