Foto: Andina

Desde marzo del año pasado, cuando El Niño Costero golpeó duramente a nuestro país, dejando miles de damnificados completamente desamparados, todo el Perú ha venido hablando acerca de la importancia de ejecutar un proceso de reconstrucción célere pero también libre de corrupción. La terrible experiencia de lo ocurrido en el sur, con el terremoto de Ica, constituyó la muestra más inmediata de corrupción e ineficiencia por parte del Estado ante este tipo de tragedias nacionales.

Cuando ocurren esta clase de desastres, las personas afectadas atraviesan una situación de vulnerabilidad de lo más grave y peligrosa. Pensemos, algunos enfrentan la pérdida de sus hijos, parejas, padres o hermanos, su círculo más íntimo, además de otros familiares y amigos y la pérdida de sus viviendas, lo cual, más allá del enorme impacto económico, representa también un impacto directo en sus derechos como son la salud o la integridad, y ni qué decir de su seguridad.

Ocurrido el fenómeno El Niño Costero del 2017, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto para aprobar la Ley de la Reconstrucción, y el Congreso en forma célere y en un esfuerzo conjunto con el Gobierno, modificó y aprobó, en dos (2) días, la referida Ley, otorgándoles un marco legal ad hoc para iniciar el doloroso proceso de la reconstrucción del norte del país. Es más, en un esfuerzo para colaborar en el proceso de reconstrucción, el Congreso de la República constituyó la Comisión de Seguimiento para la Reconstrucción con Cambios, la misma que ha venido denunciando durante los últimos meses una demora injustificada y excesiva en la implementación de medidas que mejoren la calidad de vida de la población afectada. La Comisión evidenció, por ejemplo, que hasta la fecha se han ejecutado sólo 800 millones de los 25 mil millones presupuestados para el proceso, algo absolutamente inaceptable ante la necesidad que atraviesa la población afectada.

Coincidentemente, al asumir el Gobierno el Presidente Vizcarra denunció públicamente que el proceso de reconstrucción había sido un fracaso, no han hecho “prácticamente nada”, acusó. El Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (el segundo designado desde ocurrido el desastre) ha evidenciado que existen problemas legales y operativos respecto de las transferencias presupuestales necesarias para ejecutar las obras, asimismo, en la dinámica de las designaciones de unidades ejecutoras y formuladas, además de la ya evidenciada precariedad en la que los Gobiernos Locales y Regionales ejercen competencias en este tipo de desastres, entre otros problemas que impiden acelerar el necesario proceso de reconstrucción.

Ante esta situación gravísima y la demora inexcusable, el Poder Ejecutivo el pasado 02 de mayo presentó el Proyecto de Ley 2797/2017-PE mediante el cual solicitaba la delegación de facultades en seis (6) distintas materias, incluyendo reconstrucción. Dicho proyecto fue derivado para su estudio y análisis a la Comisión de Constitución y Reglamento que me honro en presidir.

Aquí un primer tema, teniendo en cuenta el apremio en los cambios normativos, en forma conjunta con la Presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción, Congresista Karla Schaefer, realizamos una coordinación con el Poder Ejecutivo para que el extremo que versa sobre reconstrucción en el pedido de facultades fuera presentado y tratado de manera individual. El Gobierno hizo eco inmediato de este pedido y el viernes 11 de mayo presentó el Proyecto de Ley 2849/2017-PE que solicitaba la delegación de facultades en materia de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios.

La urgencia es innegable y este Congreso debía mantener un talante colaborativo, tal como ocurrió con el pedido de facultades anterior. Por ello, nuevamente en un tiempo récord, aprobamos el nuevo pedido de facultades en dicha materia en la sesión del Pleno del Congreso que se extendió hasta la media noche, el último jueves.

El trabajo en esos 6 días (incluyendo sábado y domingo) fue arduo y complicado. Se trabajó con el Gobierno a nivel de Ministros como también a nivel de equipos técnicos, involucrándose varias Bancadas, a través de diversas observaciones y precisiones. El resultado fue verdaderamente gratificante. El proyecto de ley fue aprobado en el Pleno del Congreso por UNANIMIDAD, e incluso, a nuestra solicitud, fue exonerado de 2da votación, a fin de que la autógrafa de ley fuera remitida en el más breve plazo posible al Presidente de la República.

Con ello, el Congreso ya actuó en el marco de sus competencias y, esperamos, sinceramente que el Gobierno emplee correctamente las competencias legislativas delegadas, manteniendo este espacio de diálogo y confianza mutua. Recordemos y apliquemos en cada uno de nuestros roles y de nuestros espacios, este lema: “El Perú primero”.

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