Foto: El Comercio

A diario podemos ver en esquinas, parques y carreteras cómo los residuos plásticos contaminan nuestro entorno, causando no sólo un daño al paisaje, sino generando además contaminación y foco de enfermedades.

Pero lo más grave es el daño que causan en lugares que no vemos usualmente, como mares, ríos y lagos, donde los residuos plásticos (que requieren más de 100 años para degradarse) no solo envenenan, sino que amenazan especies enteras que son nuestro capital más valioso de biodiversidad, dañando a más del 40% de aves marinas y a más de 800 especies animales en el mundo ―según reporta la ONU.

¿Cómo enfrentar el daño que causan las bolsas plásticas, si cada minuto se consumen en el mundo más de un millón de bolsas plásticas, y en el caso de Perú producimos cerca de 500 toneladas al día?

La mayoría de países adoptan medidas como multas, campañas de educación e incentivos, pero principalmente utilizan dos instrumentos: las prohibiciones y los impuestos.

Ambos instrumentos no son incompatibles y nada impide que coexistan. Pero los impuestos pueden ser más eficaces y eficientes para enfrentar la contaminación.

En primer lugar, porque los impuestos permiten influir en el comportamiento del consumidor de bolsas: “A nadie le gusta pagar más”. En segundo lugar, son instrumentos más simples que los mecanismos de supervisión y fiscalización, usualmente más costosos y difíciles de implementar, además de que no requieren de un presupuesto inicial para su implementación.

Adicionalmente, para los impuestos contamos ya con una institucionalidad operativa que permite ser más eficientes en la recaudación.

Las prohibiciones buscan reducir el uso de plásticos mediante sanciones, pero son instrumentos rígidos que requieren una estructura de sanciones complicada de supervisar a nivel nacional. Para ser exitosa necesita condiciones mínimas: fuerte institucionalidad, conocimiento profundo del mercado regulado, competencias claras y agentes especializados. Por eso su financiamiento es caro, y defectos en su marco institucional incrementan los costos públicos e internalizan costos de los privados.

Lo cierto y lo ideal sería que nosotros como ciudadanos no tengamos que estar en la condición de que nos prohíban nada, y que todos estemos dispuestos a financiar la conservación vía impuestos u otros mecanismos para garantizar nuestro propio bienestar.

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