Foto: El Comercio

Aprobada la Ley que sustituye el Decreto de Urgencia 003, es necesario revisar las razones que determinaron la demora en su expedición ―a pesar de su gran trascendencia― con el fin de que dilaciones como estas no se repitan; y más importante aún, para estar atentos a los efectos y resultados que se esperan obtener en su aplicación.

Un año atrás, el Ejecutivo sorprendió con la emisión del referido Decreto, alegando que con este se buscaba cautelar la reparación civil, proteger a los proveedores y continuar con las obras afectadas por los graves hechos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht. En la Comisión de Constitución descubrimos en pocas semanas que dicho dispositivo estaba más bien orientado a evitar la interposición de medidas cautelares de embargo que paralizaran las actividades de las empresas brasileñas. De los proveedores, trabajadores y demás afectados, en realidad ni una coma. Pero esa no era la única omisión. Sospechosamente se excluía del ámbito de aplicación del Decreto a las empresas consorciadas, aquellas que más allá de su responsabilidad penal, habían compartido utilidades malhabidas.

El Congreso, luego de un amplio debate, aprobó una Ley que buscaba corregir estos gravísimos errores. Sin embargo, el Ejecutivo observó esa Ley el último día que tenía para hacerlo, justamente cuando el Parlamento ingresaba a una etapa de receso. Solo tres días hábiles antes de que venciera el dispositivo, presentaron un nuevo proyecto de ley generando con ello la grave amenaza de que pudieran desaparecer los activos de las empresas. La extemporánea presentación que hizo el gobierno, vino acompañada de la exigencia de que este sea visto de manera inmediata, amenazando que de lo contrario se harían acusaciones de obstruccionismo.

Aparentemente el Gobierno entendió que mediante el amedrentamiento no puede obligar a los parlamentarios a ser irresponsables y aprobar las iniciativas legislativas que envíe sin la reflexión y el análisis correspondientes, porque optó por prorrogar por un mes el mencionado dispositivo. Este plazo permitió un trabajo serio, técnico y responsable de parte del Legislativo. Ni los desatinados comentarios de la Premier (quien aseguró que Fuerza Popular solo buscaba obstruir el avance del país) contrapuestos con los reconocimientos expresos de los parlamentarios oficialistas (quienes agradecían el compromiso y la colaboración de los congresistas de la oposición) pudieron desconcentrarnos del objetivo perseguido.

La norma aprobada para reemplazar al DU 003 está lejos de ser perfecta; pero sin duda es una herramienta útil para contribuir al desarrollo de la infraestructura en nuestro país. Aun cuando, no todas las recomendaciones de los parlamentarios fueron recogidas, puede advertirse que se han cautelado los derechos de los más de 400 pequeños proveedores, de los cerca de 50,000 trabajadores del sector construcción y los intereses de la sociedad en su conjunto; sin descuidar que exista una efectiva reparación al país por los daños ocasionados.

Esta norma no soluciona los problemas, pero contribuye a hacerlo. Así, si el MEF (con la buena disposición que ha evidenciado la Ministra de Economía) utiliza de manera adecuada este instrumento, es probable que en el mediano plazo podamos encontrar a proveedores en condiciones de cumplir con sus obligaciones tributarias, laborales y contractuales, reinsertándose plenamente en la actividad de construcción. De igual manera podríamos ver a trabajadores del sector construcción recibiendo sus  sueldos y beneficios pendientes; pero más importante aún retornando a sus labores, que son el sostén de sus familias. Asimismo, obras inconclusas, que podrían haber quedado en el olvido, tal y como sucediera en décadas anteriores con el tren eléctrico, podrán materializarse, sea a través de las propias empresas comprometidas o con la adecuada cesión de los respectivos proyectos.

Este prometedor panorama se ha viabilizado porque estamos convencidos que la solución no es cerrar los ojos frente a lo que ha sucedido, sino continuar siendo celosos guardianes de los intereses de la colectividad. Por eso se ha previsto la participación en este proceso de la Contraloría con un control concurrente, se ha eliminado el silencio administrativo positivo ―que hubiera sido terrible al permitir la libre transferencia de activos y de recursos al exterior― y se ha apostado por un mecanismo de colaboración eficaz para aquellas empresas que permitan conocer la verdad y lograr así una justicia efectiva.

El Congreso es constantemente criticado, pero hoy por hoy ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, en vista de que era necesario evitar la incertidumbre que hubiera generado que el Ejecutivo diera la norma para solucionar esta situación, debido a que este se encuentra encabezado por un Presidente sin credibilidad y donde los conflictos constantes de interés han puesto en riesgo el destino del país.

Obstruccionismo nunca, responsabilidad siempre.

Deja un comentario