Foto: La República
  1. La Resolución del 8 de febrero de 2018 se denomina a sí misma “medidas provisionales respecto del Perú”. En el lenguaje de la Corte las medidas provisionales tienen una duración determinada por un plazo o por una condición susceptible de ser cumplida. La Corte debería precisar a qué plazo o condición se sujeta el requerimiento hecho al Estado peruano en la parte resoluta “1” para que “archive el procedimiento de acusación constitucional actualmente seguido ante el Congreso de la República contra los Magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña”.

 

  1. El procedimiento a que hace referencia la Resolución del 8 de febrero no está ahora mismo en deliberación. El Informe a que se refiere el artículo 89.d.6 del Reglamento ha sido depositado ante la Presidencia de la Comisión Permanente del Congreso, que debe llamar a Sesión de la Comisión para discutirlo.  La Corte debe precisar si el requerimiento contenido en la Resolución del 8 de febrero supone que el Presidente de la Comisión Permanente paralice el trámite establecido en el Reglamento y no llame a sesión de la Comisión.  La Corte debe precisar si está requiriendo del Estado un comportamiento como éste, incluso considerando que el Presidente de la Comisión Permanente no tiene competencias legales ni constitucionales bajo el derecho interno para proceder a tomar decisiones en asuntos de este tipo sin la intervención de la Comisión en pleno.

 

  1. Bajo el Reglamento, el organismo llamado a adoptar una decisión sobre el caso al que se refiere la Resolución del 8 de febrero de 2018 es la Comisión Permanente del Congreso de la República (artículo 89.f).  La Comisión Permanente, que debe ser llamada a decidir en estos casos por su Presidente, sólo estará en posición de adoptar una decisión por votación, previo debate.  La Comisión Permanente está compuesta por Congresistas elegidos por el pleno (artículo 42 del Reglamento).  Y los Congresistas no están sujetos a mandato imperativo (artículo 93 de la Constitución Política del Estado).  La Corte debe precisar si la Resolución del 8 de febrero de 2018 tiene por objeto que la Comisión Permanente del Congreso acuerde desestimar el caso al que ella se refiere.  Si fuera así, la Corte debe explicar de qué manera espera, bajo los términos de la Convención Americana y de los instrumentos aprobados por la Organización de Estados Americanos sobre el principio democrático y la separación de poderes, el Estado Peruano, representado por el Poder Ejecutivo y sus Agentes pueda emitir un mandato de ejecución hacia los congresistas que integran la Comisión Permanente determinando el sentido en que deben votar.

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