Foto: América TV

Esta es una historia plagada de malos entendidos y entuertos.

He expresado ya mi distancia con el procedimiento seguido por la mayoría del TC en el caso de recuento de votos de la Sentencia de El Frontón.  Creo que la sentencia original, emitida en junio de 2013, no debió tocarse.  Ninguna Sentencia publicada debe tocarse, salvo casos de falsificación, fraude o avocamiento indebido.  Creo sin embargo que las justificadas

discrepancias que provoca el recuento de votos que la mayoría del Tribunal decidió hacer en este caso no justifican en absoluto procesar a cuatro magistrados por prevaricato, y eso es lo que ha hecho la mayoría del Congreso.  Las reglas sobre el prevaricato deben ser empleadas en situaciones extremas, indiscutibles.  Aquí hay un procedimiento dudoso y un vacío en el reglamento del Tribunal que debe ser cubierto e inmediato.  Pero no estamos ante un crimen que merezca la destitución de uno ni de cuatro Magistrados del Tribunal.

Entonces no estoy de acuerdo con el procedimiento de recuento de votos empleado por la mayoría del TC en este caso y tampoco estoy de acuerdo con el procedimiento por prevaricato que se sigue contra esa mayoría.  Pero tampoco puedo estar de acuerdo con la última decisión de la Corte IDH, que en un procedimiento de supervisión, acaba de ordenar al Estado cerrar el procedimiento en marcha ante el Congreso.

Un Tribunal como la Corte IDH expone su legitimidad cuando ordena a alguien hacer cosas que no puede hacer.  En el derecho internacional los Estados son representados por funcionarios del gobierno.  Entonces el acatamiento de la Sentencia de Supervisión debe ser comunicado a la Corte por el Ejecutivo.  Pero en el derecho interno el Ejecutivo no puede emitir órdenes al Congreso, porque los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Entonces el Congreso puede declarar que no se va a detener.  Y como ha sido retado a hacerlo, y Fuerza Popular, aún la mayoría, cree que necesita confirmar su ruda fortaleza, probablemente lo hará. La Corte podrá registrar el hecho expresando su malestar y protestar ante la OEA por el desacato, la comunidad internacional nos verá todavía peor de lo que nos ve últimamente.  Pero el caso contra los Magistrados del TC por haber recontado los votos de la Sentencia de junio de 2013 seguirá adelante, probablemente con más fuerza de la que traía antes de esta decisión.

Hasta antes de este impasse, la magia de la Corte había consistido en eludir escenas como esta. En 1999, cuando enfrentó el absurdo caso de un grupo de ciudadanos chilenos condenados en el Perú por traición a la patria, la Corte tuvo la habilidad de sostener su doctrina sobre la inadmisibilidad de procedimientos militares para civiles eludiendo sin embargo hacer algo tan absurdo como ordenar que quienes evidentemente eran terroristas sean puestos en libertad.  En una búsqueda de equilibrio semejante, en un caso como este habría sido suficiente que la Corte ordene al Estado peruano recibir una misión de observadores que analizaran si el procedimiento contra los magistrados del TC se seguía o no en condiciones apropiadas, u ordenarle que reciba la opinión de expertos de talla internacional sobre la manera de resolver este impasse, u ordenarle abrir un debate amplio sobre la solución a este incómodo asunto.  Cualquiera de las múltiples opciones disponibles para equilibrar el procedimiento sin cruzar la línea que implica retar a quien precisamente quiere ser retado.

El camino para resolver el impasse en Perú va en dirección a promover una solución amistosa. Lejos de ello, dar una orden directa al legislativo del Perú no parece lo más apropiado cuando la situación acumula ya tantos malos entendidos.

No me queda claro además bajo qué artículo de la Convención Americana termina resultando posible que la Corte emita una orden que supone deben acatar los congresistas del Perú, que no están sujetos a mandato imperativo.  Creo que el Estado debería consultar a la Corte cual es la base convencional de esta orden antes de comunicarla al Congreso. Y creo que, al mismo tiempo, el gobierno debe convocar a todos los involucrados a una mesa pública de negociación que nos permita, como comunidad, optar por una solución equilibrada a este impasse.  Y creo que debe informarse a la Corte del resultado de esa negociación institucional, en cuanto se logre un acuerdo.

Ahora ¿Qué puede contener ese acuerdo?  La mayoría del TC a la que se refiere este caso insiste en que el Voto escrito del Juez Juan Vergara no coincide con la declaración de la Sentencia sobre la no aplicación al caso de los Crímenes de Lesa Humanidad.  El Voto escrito del Juez Fernando Calle tampoco coincide con la parte de la Sentencia que dispone que el procedimiento continúe, de modo que mejor reconozcamos que la sentencia de Julio de 2013 no reunió los votos necesarios para ser tal y dejémosla sin efecto íntegramente.  Asumamos que el TC no pudo tomar una decisión sostenible en esa oportunidad.

Reformemos además el reglamento del TC y prohibamos en adelante el procedimiento de recuento de votos y la publicación de Votos Escritos que contradicen las firmas depositadas en los fallos. Las sentencias deben ser intocables y los Tribunales no deben publicar textos ambiguos o contradictorios en cualquier sentido.  A la vez, acordemos dejar sin efecto el caso por prevaricato contra los jueces en atención al acuerdo.  Y declaremos luego que no tiene objeto ejecutar la decisión de la Corte IDH porque los peruanos pudimos finalmente resolver este impasse por nuestros propios medios.

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