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Con los ojos de enero del año 2017

Las revelaciones de las confesiones de Odebrecht en los Estados Unidos hicieron especialmente intenso el final de 2016[1]. Enero de 2017 comenzó poblado de intercambios y borradores de esquemas de propuestas. Creo que muchos observadores coincidíamos en que había que reaccionar muy pronto ante los hechos con cargo a ajustar detalles en el camino.  La primera consigna que yo, por ejemplo, lancé por redes sociales, tenía por objeto incautar o embargar lo antes posible (la diferencia por cierto corresponde a una difícil cuestión legal que siempre puede ser resuelta en el camino), para comenzar, US$ 29 millones, una cantidad equivalente al total de los sobornos reconocidos por la constructora, empleando los registros que sin duda tenía el Ejecutivo sobre cuentas de bancos y cheques por cobrar.

Para algunos de los expertos en economía, la proximidad entre la revelación y el cierre financiero de un proyecto de la envergadura del Gasoducto del Sur formaba una segunda fuente de riesgos, además claro, del enorme efecto en cadena que podía provocar el inminente colapso de una empresa que sólo en el 2013 facturó en el Perú aproximadamente US$ 1,000 millones.

El caso del Gasoducto Sur era un asunto especialmente urgente para quien miraba las cosas con los ojos en enero de 2017.  El cierre financiero del proyecto estaba proyectado para finales del mes y quedaba muy claro que la confirmación de las prácticas corruptas de Odebrecht pondría en riesgo la posibilidad de obtener el respaldo de bancos de envergadura como los que debían intervenir para hacer sostenible la operación. La caída del proyecto, para entonces un riesgo y luego un hecho, no constituía una alternativa alentadora.  En un comentario publicado por La República el 18 de diciembre de 2016, Humberto Campodónico[2] había ilustrado la escena poniendo los reflectores sobre un solo indicador: El proyecto fue diseñado entre otras muchas cosas para poder cumplir un déficit de redundancia y seguridad que todavía hoy pone en riesgo el ducto de gas de Camisea.  Como explicó Humberto en ese comentario, sin el ducto del Gasoducto, una falla mayor en el ducto de Camisea provocaría en 5 días pérdidas por US$ 3,250 millones.  Había entonces muchas razones puestas sobre la mesa para justificar el mayor esfuerzo en salvar al nuevo ducto de gas de las consecuencias desatadas por las prácticas corruptas de Odebrecht.  Pero encuentro que en la lista, encuentro especialmente gráfica la observación hecha por Humberto sobre los riesgos asociados a un accidente en el ducto de Camisea.

A la quincena de enero de 2016 el objetivo no podía ser entonces apagar la luz y botar a todos de la fiesta.  Por supuesto que había que reaccionar con dureza ante los hechos, pero también había que asegurar que los organizadores de la faena pagaran las cuentas por los estropicios que habían generado antes de salir de la escena.

El desafío para el Estado desde el “día uno” consistía entonces en organizar un esquema que asegurara una intervención necesaria sobre Odebrecht y sin embargo mantuviera el equilibrio sobre las consecuencias colaterales que se derivarían de esa intervención.

Pero temo que no se hizo nada en esta dirección desde el Ejecutivo.

Con el paso de los días la información sobre el caso comenzó a organizarse.  Muy pronto la Contraloría logró ensamblar una primera estimación de daños producidos al Estado: US$ 283 millones, considerando una muestra de proyectos que especialmente incluía el Gasoducto Sur (US$ 136 millones), el Metro de Lima (línea 1, tramo 1; US$ 111.3 millones) y el Interceptor Norte (US$ 3.7 millones). Por otra parte, en los instrumentos divulgados por el Departamento de Estado en Washington y en las primeras revelaciones hechas por Odebrecht ante las autoridades peruanas, los US$ 29 millones en sobornos reconocidos parecían estar claramente relacionados sólo con dos proyectos: la construcción de las carreteras interoceánicas (IIRSAs) y el Metro de Lima.

En Washington, Odebrecht reconoció haber obtenido en el Perú US$ 143 millones en ganancias ilegales[3][4]. En Brasil la constructora reconoció haber obtenido ganancias ilegales, derivadas de prácticas de corrupción, por US$ 1,400 millones. También en Brasil la multa conjunta admitida a favor del Estado llegó a los US$ 2,800 millones, es decir, el doble de la ganancia ilícita reconocida.[5][6]

Si las proporciones se mantienen, y si los US$ 143 millones resultaran ser una base confiable, un eventual acuerdo rápido de reparación a favor del Estado habría podido fijar una cifra al menos provisional (sujeta siempre a ajustes por nuevos descubrimientos) en US$ 286 millones, cantidad sugestivamente semejante a la que presentó la Contraloría como correspondiente a los daños producidos en enero 2017 (US$ 283 millones).  Claro, antes de asumir esa cifra como una referencia había que hacer cuatro ajustes:  (i) Confirmar que los US$ 143 millones que la constructora ha reconocido constituyen una cifra confiable, o mover la base del cálculo a una cifra más alta, si hubiera razones que justifiquen corregir esa cifra[7]; (ii) Actualizar o completar el ejercicio de estimación de daños de la Contraloría, a fin de incluir una estimación sobre daños asociados al proyecto IIRSA; (iii) Ajustar las cifras de daños asignados al Gasoducto del Sur a los resultados del cierre financiero, que en enero formaban todavía una incógnita por despejar, y que después de enero incluyen una carta fianza ya ejecutada por US$ 262 millones[8], y (iv) establecer un porcentaje del resultado como base para crear un fondos de ganaría entregado a un fideicomiso que proteja al Estado de cualquier nuevo hallazgo.

A enero de 2017 el respaldo patrimonial para una negociación rápida que asegurara la posición del Estado con el menor daño colateral posible resultaba del valor de tres proyectos mayores cuya venta ya había sido anunciada o que podía realizarse: la Hidroeléctrica de Chaglla, y las irrigaciones Olmos y Chavimochic, a los que había que agregar la propia posición de Odebrecht en el Gasoducto del Sur[9]. De hecho, desde mediados de 2016 se había abierto la posibilidad de que la constructora venda sus posiciones en el Gasoducto, en Olmos y en Chaglla[10].  Chavimochic, por su parte, pasó el 2017 entrampado, aunque se la reactivación del proyecto y la posible venta al menos de la posición de Odebrecht ha vuelto a ser anunciada mientras se escriben estas líneas[11][12][13].

En una entrevista concedida el 4 de diciembre de 2017, Mauricio Cruz, representante de Odebrecht, estimó que la participación del conglomerado en el Perú mantenía un valor superior a los US$ 2 mil millones[14].  En conjunto, además un cálculo a priori y por ende provisional hecho con cifras abiertas, parecía conducir, muy gruesamente, a que descontados los compromisos pendientes de cada proyecto y los costos asociados a estas transacciones, en conjunto, un esquema basado en la transferencia de los derechos de Odebrecht en estos cuatro proyectos podrían producir fondos suficientes para sostener una reparación negociada a favor del Estado, fuera cual fuera el ajuste que hubiera que hacer por encima de los US$ 283 millones estimados por la Contraloría en enero de 2017.

El Decreto de Urgencia 003

Este fue el contexto que explica, en mi opinión, la aprobación del Decreto de Urgencia 003-2017 publicado el 13 de febrero de 2017, sólo unos días después que se confirmara que al cierre financiero el proyecto del Gasoducto del Sur resultó inviable[15].  De hecho, creo que el Decreto 003 llegó tarde.  El Decreto tenía como primera utilidad práctica permitir que los proyectos a cargo de Odebrecht puedan continuar en otras manos facilitando la salida de la empresa de las posiciones que tenía al momento de su promulgación.  Y a estar por el clima de la época, el primer proyecto que parecería necesario mantener era el nuevo ducto de gas, que al momento de su promulgación ya perdido toda viabilidad financiera.

En fin. Visto en perspectiva, el Decreto 003 debió operar como una herramienta destinada a facilitar la venta de los principales activos de Odebrecht (incluyendo derechos y expectativas) a nuevos operadores en condiciones que garanticen a estos últimos que no adquirirían con ello un pesado problema legal por resolver y que las inversiones que requería la continuidad de los proyectos no se detuvieran.  En el esquema del 003 el Estado, a través de la Procuraduría, debería haber lanzado una estimación relativamente veloz del total de daños por reclamar a Odebrecht; Odebrecht tendría que haber presentado a aprobación un plan de ventas de activos destinado a obtener fondos para financiar ese monto y el Estado habría podido emplear esas ventas para satisfacer sus expectativas.  En el camino la constructora quedaba impedida de transferir activos al exterior y sólo percibiría excedentes de los resultados de estas transferencias si quedaran fondos no afectados por la intervención después de satisfacer las expectativas del Estado (todas las expectativas del Estado). Y todo esto sin necesidad de juicio alguno por los daños derivados de la corrupción[16].

Pero claro, un procedimiento de este tipo, definido no como un procedimiento general sino de urgencia y por ello excepcional, debía gestionarse y promoverse rápidamente.  No funcionaba si no había ventas en cartera.  Y las había.  Pero no funcionaba sin un acuerdo entre las partes.  Y jamás lo hubo.  Para que la iniciativa fracase sólo hacía falta congelar toda negociación de venta.  Y todas las negociaciones para la venta de activos quedaron congeladas durante todo el 2018.

Entre la promulgación del Decreto y el momento en que cierran estas líneas, al final de enero de 2018, ninguna transferencia de activos ha pasado por su tamiz para asegurar al Estado el pago al menos parcial de una reparación que la Procuraduría no ha terminado de estimar.

A la fecha el Decreto ha servido apenas para sostener una consecuencia colateral incluida en el texto: Autorizar la retención de parte de los pagos que debían hacerse desde el Estado o de corporaciones públicas peruanas a empresas vinculadas a Odebrecht denominada “margen de ganancia”.  Cifras difundida por el Ejecutivo estimadas a agosto de 2017 colocaron el fondo formado por este procedimiento en US$ 3.5 millones, el equivalente al 1.24% del total de perjuicios estimados por la Contraloría en enero de 2017[17].

Además a finales de octubre de 2017, la Asociación de Proveedores de Odebrecht en el Perú (ya organizada como una suerte de sindicato) anunció que en 10 meses 147 empresas independientes que estaban comprometidas con la ejecución de proyectos a cargo de la constructora habían quebrado, 40 mil trabajadores habían perdido sus puestos y otras 247 empresas estaban aún pujando por recuperar S/ 35.7 millones en acreencias corrientes[18].

Imposible negar que el Decreto representa un fracaso.  El Decreto era una herramienta de facilitación de acuerdos que no se tomaron nunca.  El 003 requería una intensa gestión pública que nadie asumió.  De modo que a semanas de entrar en caducidad, no ha producido resultados que puedan ser presentados como relevantes, en absoluto.

Breve historia de una embolia institucional

La primera señal de falta de reacción en los aparatos de litigación del Ejecutivo se produjo cuando nadie supo reaccionar a la primera noticia, que confirmaba que Odebrecht había reconocido ante autoridades americanas el pago de sobornos por US$ 29 millones en diciembre de 2016.  El mismo mes de diciembre, la Procuraduría anunció que estudiaba pedir que se suspendan los proyectos a cargo de Odebrecht sin más referencias o precisiones[19].  En reemplazo de los procuradores del Estado, fue el Ministerio Público el que, comenzando enero, firmó con Odebrecht un acuerdo provisional que aseguraba un depósito voluntario de US$ 8 millones (más del 25% del total reconocido en sobornos) como condición para iniciar un proceso no beligerante por el que la compañía comenzaría a entregar información al Estado sobre los casos por organizarse.  La iniciativa no fue replicada ni secundada por la Procuraduría, que sin embargo solicitó formalmente, por escrito, una copia del acuerdo, que el Ministerio Público había declarado en reserva.  El Congreso, que había creado ya una Comisión que aún ahora monitorea el caso, reprodujo el esquema y solicitó también una copia del acuerdo, ocasionando en consecuencia un impasse innecesario con el Fiscal de la Nación, cuando de lo que se trataba era de llevar a consenso una aproximación institucional concertada sobre la manera de abordar la crisis y paliar sus efectos colaterales mientras se organizaban los casos penales que para entonces aún estaban por lanzarse.

En febrero, la Procuraduría anunció que solicitaría una reparación civil por S/ 200 millones (aproximadamente US$ 60 millones) en el caso que contiene los cargos por los sobornos del Tren Eléctrico y las IRRSA[20].  En marzo, la misma Procuraduría anunció que no negociaría con Odebrecht y se limitaría al resultado del proceso.  Y en julio, obtuvo una orden judicial que paralizó la venta de Olmos, para anunciar de inmediato que había calculado que la reparación civil que Odebrecht debería pagar ascendería a “más de S/ 2,000 millones”.[21]

El impasse produjo un nuevo cambio en la Procuraduría (el segundo en el año) y en setiembre el judicial removió los impedimentos originalmente impuestos a la venta de Olmos, a pedido de un nuevo equipo de Procuradores[22] .

En julio, antes del segundo cambio de encargados, la Procuraduría había retirado un pedido hecho por ella misma para que Gasoducto del Sur asuma íntegramente los daños causados por los fraudes inicialmente denunciados por la Procuraduría en este caso.  También en julio un Juez en Lima desestimó por extemporáneo un pedido adicional presentado en el mismo caso para que sea Odebrecht sola, no el Gasoducto, quien asuma el pago íntegro debido por los daños de ese caso.

La Contraloría no ha actualizado, al menos no públicamente, la medición original de perjuicios que lanzó en enero de 2017.  Las autoridades no han hecho ningún comentario público que nos permita establecer si el monto reconocido por Odebrecht como ganancias ilícitas en el Perú (US$ 143 millones) es verosímil o no.

En octubre de 2017 el tercer equipo de la Procuraduría solicitó que el concesionario del Gasoducto del Sur pague S/ 1,480.9 millones por reparación civil[23]  y que Odebrecht pague otros S/ 248.8 millones de reparación por daños asociados al caso de la carretera Chacas San-Luis.  El domingo 28 de enero el Procurador Ramírez confirmó en un programa de televisión que su despacho había demandado además que Odebrecht pague S/ 1,736 millones por los sobornos pagados en los tamos II y III de la carretera interoceánica sur.  En total S/ 3,648 millones.  Prácticamente US$ 1,000 millones, a los que aún habrá que agregar la estimación final para los casos Metro de Lima, Costa Verde del Callao y Vía Evitamiento del Cuzco.

En Brasil Odebrecht reconoció haber pagado US$ 349 millones en sobornos, obtuvo US$ 1,400 millones en ganancias ilegales y pagó US$ 2,800 millones en compensación[24]. Trabajando con las cifras a diciembre de 2017, ¿tiene sentido que la Procuraduría sostenga que debe reclamar un monto equivalente al 35% de la compensación del Brasil cuando los sobornos reconocidos para el Perú equivalen al 8.3% de los sobornos pagados en Brasil y las ganancias ilegales reconocidas en el Perú equivalen al 10.21% de las ganancias obtenidas en el Brasil?

En una entrevista publicada el 31 de enero de 2018, el Procurador Ramírez ha sostenido que las cifras no son comparables porque los acuerdos celebrados en los Estados Unidos corresponden a multas, mientras que la Procuraduría está persiguiendo una indemnización[25].  Bien, las construcciones legales de las multas y de las indemnizaciones son, en efecto, distintas.  Pero resulta que en el Perú no existe una multa penal aplicable a empresas que delinquieron en el tiempo en que Odebrecht delinquió.  La reparación civil, entonces, es nuestra forma legal de compensarnos por los daños generados por el comportamiento de Odebrecht.  Y las multas impuestas por los Estados Unidos, por Suiza y por el Brasil, su forma legal de compensarse por daños equivalentes.  Entonces, siendo que la diferencia conceptual es en este caso meramente circunstancial o solo formal, ¿no tiene sentido mantener las proporciones?

En una declaración difundida en Lima el 30 de enero, el Ministerio Público ha considerado “extrema” la mediación presentada por la Procuraduría[26].

Los números se mueven con el tiempo

En el camino las cifras sobre proyectos relacionados con corrupción y sobornos se han movido sensiblemente.

Hemos escuchado a lo largo de 2017 que el quantum de los sobornos pagados en el Perú no puede equivaler a sólo US$ 29 millones.  De hecho, como ya anticipamos, casi el total de esta cantidad (US$ 28.1 millones) aparece concentrada en sólo dos proyectos, Tren Eléctrico e IIRSAs (varios contratos cada uno). Pues bien, el ciclo que media entre enero y octubre de 2017 ha mostrado que la desconfianza original sobre los US$ 29 millones como referencia de lo ocurrido tenía pleno sentido.  A estas alturas del proceso, casi un año después de la publicación de los instrumentos de Washington, los sobornos denunciados o reconocidos por los personajes de este caso rebasan la cantidad inicial aceptada largamente.

A los US$ 8.1 millones del Metro de Lima[27] y a los US$ 20 millones de las IIRSA[28], hay que agregar ahora otros US$ 2 millones en sobornos en publicidad destinados al proyecto Costa Verde Callao[29][30], según confirmaron en abril las declaraciones de Gil Shavit y un colaborador identificado por los medios como Ricardo Boleira, para la fecha de los hechos, ejecutivo de Odebrecht[31].  En mayo, el abogado Francisco Zaragozá confirmó que en Cusco se habría pagado sobornos por otros US$ 1.25 millones adicionales por la construcción de la Vía Evitamiento de la ciudad[32], a los que aparentemente habrá que agregar US$ 194 mil (S/ 664 mil) en pagos aparentemente hechos al abogado Gutierrez Quispe, a quien se ha con una mediación sospechosa de los hermanos Campusano Dulanto en el mismo proyecto[33].  Y aunque las dimensiones sean por cierto distintas, también debería ser posible agregar un pago adicional, por US$ 20.5 mil (S/ 77.8 miles) a Mariano Gonzales Fernandez por una consultoría cuya existencia aún debe ser confirmada[34].  En agosto, los medios revelaron que Raymundo Serra, otro antiguo ejecutivo de la constructora brasileña, habría confirmado en el Brasil que en Áncash se había pagado sobornos por US$ 2.6 millones por la construcción de la carretera Carhuaz-Chancas-San Luis[35].

Y aún podría ser necesario agregar las cifras de Andorra.  En octubre trascendió que la jueza Canolic Mongorance entregó a las autoridades peruanas información que pondría en evidencia depósitos adicionales efectuados en un banco de Andorra por US$ 1.3 millones a Miguel Atala Herrera (ex vice presidente de Petro Perú), US$ 1.4 millones a Horacio Canepa (un árbitro privado) y US$ 780 mil a Juan Carlos Zevallos Ugarte, (ex jefe de Ositran, regulador del transporte de uso público)[36].

Si incluimos los US$ 3 millones que la constructora ha aceptado haber entregado a la señora Heredia con ocasión de la campaña del ex Presidente Humala a finales de 2010, los US$ 1.2 millones adicionales que han sido revelados por los medios como pagos complementarios para publicidad aparentemente efectuados en esa campaña[37]  y los US$ 2 millones que habrían sido entregados con ocasión a la campaña por la no revocación de las autoridades municipales de Lima del 2013[38]  la cifra total en sobornos, a la fecha, alcanza los US$ 44.3.

Y claro, si los US$ 29 millones originales no resultaban confiables, debemos perder toda esperanza sobre la confiabilidad de los US$ 143 millones reconocidos como ganancias ilegales.  Sin embargo, aún es preciso auditar esta cifra en detalle, al menos para identificar donde falla, si es que en verdad falla.

Aunque sólo sea resultado de un ejercicio teórico, si tomamos en cuenta las aparentes matemáticas de la constructora, cada US$ 1 en sobornos debía producir o relacionarse de algún modo con US$ 4 en ganancias ilegales[39].  Si es así, US$ 44.3 millones en sobornos podrían estar asociados a US$ 177.2 millones en ganancias ilegales y no sólo a US$ 143.

Aunque sea por razones teóricas en este momento nos vendría muy bien tener una actualización de las estimaciones de la Contraloría sobre daños.  Como ya hemos dicho, en el Brasil la compensación establecida para el Estado (US$ 2,800 millones) equivale al doble de las ganancias ilícitas reconocidas (US$ 1,400) millones[40] .  A principios del año los resultados provisionales de la Contraloría para daños (US$ 283 millones) equivalían casi al doble de la ganancia ilícita reconocida por la constructora (US$ 143 millones).  No tenemos como saber si una actualización de las estimaciones de la Contraloría mantendría la misma proporción.  Y nadie ha auditado la cifra de ganancias ilegales reconocida.  Pero si resultara que la regla del “1 x 4” se cumple, esto es, si las ganancias ilícitas no fueran US$ 143 millones sino una cantidad próxima a los US$ 177.2 millones, y las estimaciones de la Contraloría se aproximaran actualmente a los US$ 354.4 millones, entonces tendríamos nuevamente números equilibrados que permitirían recuperar el espacio para una negociación concentrada y rápida; menos en expectativas, pero más eficiente en la oportunidad de obtener resultados.

Pero claro, sin una actualización de las estimaciones de la Contraloría y sin una revisión detallada de los fundamentos de la cifra de ganancias ilegales reconocida por la constructora (US$ 143 millones), la cifra de referencia sólo constituye el resultado de un simple ejercicio teórico por confirmar.

Conclusiones

En un caso como éste el margen disponible para el pago de coimas no resulta del valor de los proyectos en marcha, sino del enfoque a futuro con el que actúa quien planea acciones sistemáticas como estas.  El margen de ganancia acumulado a futuro es el que determina la cantidad de dinero disponible para pagar sobornos.  Por eso en casos como estos el destinatario final de los pagos es prácticamente un socio clandestino del corruptor.  Aunque los sobornos se paguen en el contexto de un contrato específico, los sobornos no resultan o provienen o se miden necesariamente por el valor de ese contrato.

En un caso como éste, en el que se compran relaciones de mediano plazo, el corruptor puede usar las ganancias íntegras de un proyecto para comprar relaciones de influencia que luego aplica a proyectos futuros sin extraer de estos un centavo.  O puede invertir empleando las ganancias de otros países para adquirir posiciones que luego le permiten simplemente exportar ganancias a la caja negra que emplea en sus pagos.

Un apunte final: Este no es un caso local.  Esto significa que la investigación sobre los flujos de dinero no se cierra en el Perú.  En un caso sobre sobornos sistemáticos interrumpido y desarrollado a escala internacional no hay forma de pretender que si en el Perú se pagaron US$ 44.3 millones en sobornos (o alguna cantidad superior a esa) entonces los contratos deben “necesariamente” haber estado inflados en US$ 44.3 millones de sobreprecios.  Esta sospecha la podemos admitir a título preliminar (nosotros mismos la admitimos como razonable al principio del proceso).  Pero no es definitiva, debe revisarse.  Y habiendo transitado tanto tiempo desde los primeros hallazgos posiblemente es ya insostenible.

[1] https://ec.usembassy.gov/es/comunicado-de-prensa-del-departamento-de-justicia-sobre-el-caso-odebrecht-y-braskem/

[2] http://larepublica.pe/politica/999850-y-si-se-cae-el-gasoducto-sur-peruano  

[3] Ver acuerdos en: https://www.justice.gov/criminal-fraud/fcpa/cases/odebrecht-sa.  Los acuerdos fueron aprobados en enero y abril de 2017 por el Juez Raymond Dearie en New York Ver http://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption- usa-idUSKBN15A2QF y http://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-usa-idUSKBN17J1A7.

[4] Sin embargo hasta el momento no se ha explicado con precisión en que consisten o como se han calculado estas “ganancias ilegales”.

[5] Para estas estimaciones considero como un solo bloque los acuerdos originales con Odebrecht y Braskem, una petroquímica vinculada a ella.  De hecho la Nota de Prensa emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó las cifras agregadas como resultado de un solo proceso (Ver:  https://www.justice.gov/opa/pr/odebrecht-and- braskem-plead-guilty-and-agree-pay-least-35-billion-global-penalties-resolve).  Considerados por separado, los acuerdos representan pagos, entre multas, devociones y compensaciones, por US$ 2,600 millones para Odebrecht y US$ 957 millones para Braskem.  Además, el acuerdo contenía pagos a favor de los Estados Unidos y de Suiza por US$ 350 millones para cada Estado.  Ver acuerdos, link en nota 5.

[6] Ver Nota 5.

[7] Como veremos más adelante la evolución de las investigaciones desarrollada durante el 2017 dejó en evidencia que los sobornos verdaderamente pagados exceden considerablemente los US$ 29 millones originalmente admitidos como sobornos pagados.  Si existe una proporción o relación entre los sobornos y las ganancias ilegales obtenidas por ellos, entonces es razonable asumir que los US$ 143 millones originales (1 x 4.9 considerando como base US$ 29 millones en sobornos) se muevan de forma semejante a como se han movido los US$ 29 millones.

[8] http://larepublica.pe/economia/1010087-gobierno-ejecuta-carta-fianza-de-us-262-millones-por-gsp.

[9] No contamos actualmente con información que indique que Odebrecht este actualmente en vías de transferir su cuota sobre el procedimiento final de liquidación del Gasoducto del Sur. En este proyecto el consorcio aspira a que el Estado valorice los activos de la concesión y reembolse el 95% de ese valor, que estima en US$ 1,000 millones (https://gestion.pe/ economia/consorcio-liderado-odebrecht-demandar-peru-recuperar-inversion-gsp-148986).

[10] https://gestion.pe/empresas/odebrecht-vendera-olmos-gsp-central-chaglla-y-parte-rutas-lima-2160896

[11] https://elcomercio.pe/economia/peru/chavimochic-concesionario-puesto-sol-proyecto-233792

[12] https://gestion.pe/economia/chavimochic-iii-obras-proyectos-irrigacion-retomarian-marzo-225738.

[13] En agosto de 2017 Odebrecht anunció el inicio de negociaciones para vender sus participaciones en Chavimochic, por aproximadamente US$ 20 millones (ver https://www.reuters.com/article/us-latam-summit-odebrecht/odebrecht-expects- to-close-deal-on-peru-plant-with-chinese-firm-idUSKBN1AN2KV.  Anunció además su intención de vender el saldo de participaciones que mantiene en el proyecto rutas de Lima (https://gestion.pe/empresas/odebrecht-negocia-venta- chavimochic-dos-empresas-cuando-se-cerrara-operacion-2197192).  En setiembre anunció haber retomado las negociaciones para cerrar la venta de sus acciones sobre Olmos a Brookfield Infraestructure Partners LP y Suez, por aproximadamente US$ 30.8 millones (https://gestion.pe/empresas/odebrecht-retoma-proceso-venta-proyecto-olmos- brookfield-y-suez-2199551).  También en setiembre se confirmó la venta de la Hidroeléctrica de Chaglla a China Three Gorges Corp por US$ 1,400 millones incluyendo pasivos https://elcomercio.pe/economia/dia-1/efecto-chaglla-noticia-457156, aunque es preciso notar que descontando de esta última cifra la deuda corriente a bancos, el saldo neto disponible podría representar US$ 200 millones libres para el fondo de reparaciones para el Estado (http:// www.eleconomistaamerica.pe/empresas-eAm-peru/noticias/8570545/08/17/Odebrecht-vende-la-hidroelectrica-de- Chaglla-a-consorcio-chino-.html).  (Agradezco el intercambio que Ernesto Linares Mascaro aceptó tener conmigo el domingo 3 de diciembre de 2017 sobre estos datos).

[14] Algún experto, en conversaciones desarrolladas durante la preparación de estos comentarios ha estimado sin embargo que los activos de Odebrecht valdrían, al cierre de diciembre de 2017, US$ 800 millones.

[15] El cierre financiero se produjo a finales de enero de 2017 sin que el concesionario obtenga garantías financieras que respalden el proyecto y produjo la ejecución inmediata de una carta fianza de US$ 262 millones con cargo al concesionario conforme a los términos del contrato.

[16] Por cierto, la norma debió tener un mecanismo expreso que estableciera el derecho del Estado de agregar a su reclamo por daños un monto que permaneciera retenido en garantía por un tiempo, de manera que el Estado también quedara protegido en caso que después de cerradas todas las operaciones aparecieran nuevos hechos no considerados en las estimaciones originales.

[17] https://gestion.pe/economia/gobierno-retuvo-s-4-3-millones-us-2-2-millones-empresas-acusadas-corrupcion-141118. Fuentes consultadas mientras se preparaban estas líneas colocan el monto colectado por este procedimiento a US$ 8 millones a diciembre de 2017.

[18] http://larepublica.pe/politica/1136486-odebrecht-provoco-la-quiebra-de-147-empresas-peruanas

[19] https://diariocorreo.pe/tema-del-dia/procurador-anticorrupcion-se-deben-suspender-proyectos-de-odebrecht-719612/

[20] https://gestion.pe/politica/caso-odebrecht-procuraduria-pide-pago-s-200-millones-concepto-reparacion-civil-2182523

[21] https://gestion.pe/politica/caso-odebrecht-procuraduria-pide-pago-s-200-millones-concepto-reparacion-civil-2182523

[22] https://peru21.pe/politica/odebrecht-pj-revoca-prohibicion-venta-activos-proyecto-olmos-375392

[23] El caso en referencia trata sobre la alteración del procedimiento previo a la acreditación de los postores, además de otras cuatro observaciones de la Contraloría: https://elcomercio.pe/politica/actualidad/contraloria-observa-licitacion-gasoducto- sur-387065.  El consorcio está conformado por Odebrecht, Graña y Montero y Enagás.

[24] Ver Nota 5.

[25] https://elcomercio.pe/politica/procurador-ramirez-odebrecht-quiere-confundir-poblacion-noticia-493464

[26] https://elcomercio.pe/politica/fiscalia-considera-extrema-postura-procurador-frente-odebrecht-noticia-493289

[27] https://idl-reporteros.pe/como-odebrecht-pacto-las-coimas-del-metro-de-lima/

[28] http://larepublica.pe/politica/1012663-odebrecht-pago-us-20-mllns-en-sobornos-para-el-ex-presidente-alejandro-toledo

[29] Gil Shavit, intermediario en la operación, habría reconocido haber recibido US$ 350 mil para sí mismo en una cuenta en Bahamas: http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/colaboradores-eficaces-revelaron-como-fueron-pagos-felix- moreno-n272170.

[30] https://elcomercio.pe/politica/caso-odebrecht-garreta-compromete-felix-moreno-noticia-479380.

[31] http://diariouno.pe/2018/01/25/si-barata-calla-pueden-hablar-mameri-y-boleira/

[32] https://panamericana.pe/24horas/politica/227272-odebrecht-liberan-jose-zaragoza-acogerse-colaboracion-eficaz

[33] http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-odebrecht-fiscalia-investiga-nuevos-sobornos-mas-s-500-mil- cusco-n300429

[34] http://larepublica.pe/politica/1148404-investigan-a-ex-ministro-gonzalez-fernandez-por-odebrecht

[35] http://larepublica.pe/politica/1076126-ex-numero-dos-de-odebrecht-en-peru-quiere-revelar-aportes-a-las-campanas

[36] Ver https://elcomercio.pe/politica/caso-odebrecht-fiscalia-investiga-12-peruanos-cuentas-andorra-noticia-463896.  Las cifras de Andorra sin embargo aún deben ser tomadas con cuidado.  Los primeros resúmenes publicados indicaban que Gabriel Prado, antiguo funcionario de la Municipalidad de Lima y de la Empresa Municipal de Peajes de Lima podría haber recibido US$ 3.6 millones en cuentas en Andorra.  Una revisión más detallada de la información ha puesto en evidencia que los cargos en investigación se refieren a las condiciones en las que la citada persona firmó una autorización para que se abra en Andorra una cuenta a su nombre, no a depósitos verdaderamente recibidos.  Al respecto, ver http://rpp.pe/politica/ actualidad/jose-maria-irujo-gabriel-prado-si-abrio-una-cuenta-en-andorra-noticia-1080301

[37] https://elcomercio.pe/politica/odebrecht-oas-pagaron-publicistas-ollanta-humala-noticia-468777

[38] http://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/8763776/11/17/Susana-Villaran-niega-haber- recibido-coimas-de-Odebrecht.html

[39] La proporción del “1 x 4” en el rendimiento de los sobornos resulta de una revisión de las cifras establecidas en Brasil. Allí Odebrecht ha reconocido haber obtenido ganancias ilícitas por US$ 1,400 millones, y haber pagado sobornos por US$ 349 millones.  La proporción entre ambas cifras es de US$ 1 en sobornos por cada US$ 4 obtenido en ganancias ilícitas.

[40] En versiones anteriores de este papel de trabajo hemos llamado a esta proporción “la regla del 1 x 2”.

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