Las revelaciones difundidas ayer por Odebrecht dejan a la Presidencia de la República absolutamente expuesta ante el Congreso.  A solo días de que el Presidente afirmara en persona que solo hizo asesorías financieras en un caso, H2Olmos, años después de haber cesado como Ministro del Presidente Toledo, Odebrecht revela que inició relaciones con Kuczynski a través de su consultora, Westfield Capital Limited Inc., en el año 2004.  Para entonces el actual presidente era Ministro de Economía del régimen de Toledo.

Entre Westfield Capital y First Capital, de Gerardo Sepúlveda, la información publicada registra US$ 3.9 millones pagados por la estructuración financiera de H2Olmos.  Y a esto aún hay que agregar el costo de los servicios para las IIRSA Norte tramos 2 y 3, entregadas en concesión durante el gobierno del Presidente Toledo.  Son US$ 736 mil adicionales.  En conjunto, US$ 4.83 millones facturados entre los años 2004 y 2014 considerando pagos directos por asesoría financiera y otros proyectos menos expuestos.

Contradiciendo todo lo que sabíamos hasta ahora, estamos ante una relación constituida mientras el actual Presidente era Ministro del gobierno peruano.

El Presidente goza de una inmunidad casi absoluta.  Pero en este caso, salvo que cambien las cosas drásticamente, habría mentido de manera pública e injustificada sobre un asunto gravísimo.  Un engaño basta para justificar un pedido de vacancia y hace innecesario, en primer momento, discutir si hay de por medio un delito o no.  El engaño reiterado denota un nivel de incapacidad moral intolerable.  Y la cuestión sobre incapacidad moral predomina sobre la inmunidad casi absoluta que concede el cargo de Presidente de la República.

La cuestión moral es tan seria que hace que todas las consideraciones legales pasen a un absoluto segundo nivel de importancia.  Pero con todo, cabe tener en cuenta que la inmunidad casi absoluta del Presidente de la República caduca en cuanto éste cesa en el cargo.  Además la prerrogativa del antejuicio solo lo protege hasta el quinto año contado desde que cesa en el cargo en discusión, en este caso, el plazo debe contarse desde el 2006.

Salvo entonces que por razones institucionales se imponga una manera de entender las cosas distinta a la que declara el texto literal de la Constitución, las investigaciones destinadas a establecer si esta relación inapropiada debe además ser considerada como un delito podrían comenzar en el Ministerio Público en el momento mismo en que la renuncia del Presidente será aceptada por el Congreso, o en el momento en que éste, en un acto claramente posible, decida declarar su cargo vacante.

No se trata ya solo de haber mentido.  Se trata de haber estructurado una relación inapropiada de negocios mientras el actual Presidente era Ministro.  Y antes de pensar en los efectos que puedan impedir que el caso prospere (eventualmente, quizá por prescripción), hay una serie de detalles que deben aclararse a fin de determinar con precisión que reglas del Código Penal podrían, además, haberse violado en el origen de esta historia.

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