Las denuncias constitucionales contra el Fiscal de la Nación han dividido a la opinión pública. Además, en los últimos días se divulgó en redes sociales que el Dr. Samuel Abad, abogado del Fiscal Pablo Sánchez, habría tenido entre sus clientes a la hoy desaparecida empresa brasileña Odebrecht.

Para profundizar en estos temas, conversamos con el Dr. Abad, quien no solo respondió a dichas acusaciones, sino que también explicó con lujo de detalles los fundamentos legales por los cuales, a su criterio, las denuncias contra su defendido no solo carecen de fundamento, sino que también representan una seria amenaza a la institucionalidad de nuestro país.

¿Cuál es su opinión de la decisión de la Comisión Permanente de aprobar el plazo de 15 días de investigación para la Sub-Comisión de Acusaciones Constitucionales sin debate precio?

Desde un punto de visto jurídico lo que han hecho no tiene sustento porque, reglamentariamente, cabía la posibilidad de que pudieran decir sin ingresar al fondo, decir que las conductas que se le imputan al fiscal no tienen ninguna relación con una infracción de la constitución.

No estoy diciendo que entren al fondo aún, solamente decir, mira, si están diciendo que hay una omisión, si están diciendo que ha designado a un fiscal de una manera que no los convence, esas imputaciones no están referidas a nada que esté en la Constitución, la Constitución no establece el nivel organizacional de la Fiscalía, eso está en la Ley Orgánica. En consecuencia, era evidente que las conductas que se le imputan al fiscal no tienen ninguna vinculación con una supuesta infracción y eso hubiera ameritado que se pudiera archivar la denuncia.

¿Cuáles son los escenarios posibles?

Bueno, primero tienen que notificar, hasta el día de ayer no han notificado oficialmente las denuncias. Cuando notifiquen oficialmente las denuncias, habrá un plazo de 5 días que está previsto reglamentariamente para efectuar los descargos, dentro de ese plazo se plantean los descargos y luego la subcomisión de acusaciones citará para una audiencia a efectos que se pueda ejercer en esa audiencia plenamente el derecho a la defensa, y luego terminará con un informe final.

En primer lugar, siempre hemos dicho que aquí hay un tema que afecta la autonomía e independencia del ministerio público particularmente del fiscal de la Nación. EN consecuencia, desde un punto de vista estrictamente jurídico esta denuncia no tiene ningún asidero, por eso pensábamos que podría archivarse desde el principio. Lamentablemente se han ido superando etapas y ahora siguen continuando las etapas que vienen.

¿Es posible que esto llegue a la destitución del Fiscal Pablo Sánchez?

En este momento nosotros tenemos clarísimo que esta denuncia no debe prosperar porque no existe ninguna infracción con la Constitución. El Fiscal ha actuado de conformidad con la Constitución y su Ley Orgánica. Si uno actúa de conformidad con la Constitución y su Ley Orgánica, sencillamente esta denuncia debería ser archivada.

En todo caso, para que esto prospere finalmente, tiene como última etapa llegar al Pleno. Ahí requieren dos tercios de votos, excluyendo a los integrantes de la Comisión Permanente y hoy día la fuerza mayoritaria en el Congreso no tiene dos tercios de votos.

En los últimos días, las críticas se centraron en que usted y el Estudio Echecopar habrían brindado servicios a la empresa Odebrecht ¿Cuánto hay de cierto en esto?

Bueno en primer lugar, el estudio Echecopar no es abogado de Odebrecht, y yo en particular tampoco soy abogado de Odebrecht, entonces decir esto es efectuar afirmaciones maliciosas e inexactas. Porque en realidad estamos actuando como abogados del Doctor Pablo Sánchez, fiscal de la nación.  Además, menciono yo estoy actuando a título individual, y en lo personal yo no solo trabajo en el Estudio Echecopar.

Yo soy profesor de la Universidad Católica, Profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico y además socio del Estudio Echecopar. O sea, tengo tres trabajos si quieres verlo así, y claro, en este caso estoy actuando a título individual. Mi defensa no involucra a la Universidad Católica ni a la Universidad del Pacífico, y tampoco al Estudio Echecopar.

Es muy fácil cuestionar al abogado o al defensor, cuando en realidad no se tienen argumentos. Esto lo que evidencia es que en verdad este tipo de denuncias no tienen ningún sustento jurídico, sino más bien se está llegando al extremo de incluso tergiversar información o mentir.

¿De dónde salió esta acusación? ¿Hay alguna base real?

Ni idea, siempre hay críticas. Usted sabe cuando se asumen ciertas posiciones, o ciertas defensas de autoridades públicas. Yo he sido funcionario público, he trabajado 11 años en la Defensoría del Pueblo desde el año 1996 hasta el año 2005, y también he sido objeto de críticas y en ese momento no trabajaba en ningún estudio. Siempre existen críticas en verdad.

A mí me interesa sobremanera incidir en los argumentos de fondo. Y como le decía, acá la conducta del fiscal ha sido totalmente legítima y respetuosa de la Constitución, acá no hay ninguna infracción de la Constitución. Acá se ha actuado correctamente. Cuando el Sr. Salaverry dice que el fiscal ha omitido funciones, eso es falso. La fiscalía viene llevando a cabo una actividad, respecto a las empresas consorciadas, respecto a las empresas involucradas.

Y en segundo lugar, la señora Vilcatoma, cuando dice que se ha designado equivocadamente al fiscal Hamilton, es falso. Se ha designado de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio Público y respetando todas las reglas. Entonces, no tiene ningún sustento realmente uno revisa esa denuncia y de verdad no debió pasar ni siquiera el primer filtro. Lo que sorprende es que haya pasado tanto el primero, la sub-comisión, y luego la Comisión Permanente. Ha pasado dos filtros una denuncia que no tiene ningún sustento. Desde un punto de vista estrictamente jurídico esa denuncia debió ser archivada.

En el caso de que se llegara a destituir al Fiscal de la Nación ¿Qué acciones se tomarían?

Bueno, yo estoy totalmente confiado en que esto no ocurra, no hay ninguna justificación para ello, ninguna. O sea, el Fiscal ha actuado correctamente, ha sido respetuoso de la Constitución y la Ley. Consecuentemente no hay ninguna situación que pueda generar eso. El Fiscal está muy tranquilo porque ha actuado de acuerdo a la Constitución. En consecuencia, no nos preocupa. Y llegado el caso, se vería qué medidas adoptar, porque en este momento la prioridad es esperar la notificación de la Sub-Comisión de Acusaciones y efectuar los descargos correspondientes.

¿Considera que el interés político se ha priorizado por encima de la institucionalidad del país?

Yo no me voy a referir al tema político, mi defensa es absolutamente jurídica. Lo que sí le digo, es que hay un elemento clave en un órgano autónomo, que es la autonomía, como lo indica su nombre y la independencia. Y este tipo de denuncias lo que pretenden al final es decirle al Fiscal cómo debe actuar, y eso no se lo puede decir el Congreso. Si es un órgano autónomo el Fiscal actúa directamente.

Y, además, se pretende imputarle funciones que corresponden a los fiscales, no se ha tomado en cuenta siquiera que los fiscales son autónomos. O sea, el Fiscal de la Nación no le ordena a un Fiscal cómo resolver un caso concreto. Eso es realmente un manifiesto desconocimiento o tiene otra justificación que no es jurídica.

En consecuencia, creo que el gran problema de esto es que se está pretendiendo partir de dos denuncias constitucionales que con la aprobación por parte de la sub-comisión y por parte de la Comisión Permanente de este tipo de denuncias están dejando un mensaje muy preocupante. En realidad, no se está garantizando como debería ser la independencia y la autonomía del Ministerio Público, y eso no es bueno. Lo que requiere el país es fortalecer las instituciones y no debilitarlas con denuncias manifiestamente improcedentes.

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