Foto: El Comercio

El pasado jueves se aprobó el texto sustitutorio que contempla las nuevas reglas para el financiamiento de partidos políticos y alianzas electorales. Sin lugar a equivocarnos, debe ser una de las reformas más relevantes y constituye la evidencia de nuestra participación activa respecto a este tema en el Congreso de la República, lo cual sin duda nos llena de enorme satisfacción como la organización política con la mayoría Congresal que lidera la reforma electoral.

Las modificaciones persisten en la prohibición de aportes de personas condenadas por graves delitos que nuestra sociedad rechaza, como el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el terrorismo, y el lavado de activos, como algunos de los ejemplos, incluso hasta por diez años después de cumplida la condena, dejando en evidencia que estas personas transgredieron los preceptos y exigencias de nuestras instituciones democráticas, por lo que deben mantenerse alejadas de las actividades que realizan los partidos políticos.

Adicionalmente, establece la prohibición de recibir aportes de cualquier tipo de personas jurídicas nacionales, ya sea con o sin fines de lucro, con la finalidad de otorgarle tanto a los partidos políticos como a las alianzas electorales, la mayor capacidad de autonomía e independencia, desterrando cualquier posibilidad de infiltración de dinero que busque comprar voluntades, como hemos podido apreciar en el escandaloso caso Lava Jato. Asimismo, para el caso de personas jurídicas extranjeras, solo se permitirán aportes de aquellas sin fines de lucro, y que a su vez se encuentren de manera exclusiva destinadas a la formación, capacitación e investigación.

Esta propuesta que se aprueba ha desterrado los aportes anónimos de personas naturales: ¡Quedan prohibidos! Este Congreso considera necesario poner fin a esta práctica antidemocrática que permite que delincuentes de todo tipo y personas inescrupulosas, que solo buscan el beneficio personal, puedan seguir financiando campañas desde la oscuridad.

Es lógico que surjan muchas interrogantes respecto al nivel de control que efectivamente pueden tener los partidos políticos sobre estos aportantes, en especial, cuando se pueden realizar aportes de “mala fe”, que son considerados infracciones graves. Para evitar esos escenarios, que al final solo debilitan nuestro sistema electoral, se propone un trabajo en conjunto entre el Poder Judicial, las entidades del sistema financiero y las organizaciones políticas.

Es así que el Poder Judicial deberá informar mediante un portal web de acceso partidario, y bajo responsabilidad, el nombre de las personas prohibidas de realizar aportaciones. Asimismo, el Poder Judicial remitirá a las entidades financieras esta relación, a fin de que no se admitan los depósitos y transferencias de estas personas a favor de ninguna organización. Sin embargo, ante cualquier error o falta de diligencia que ocasione que la entidad financiera autorice dicha transferencia o depósito, se exonerará de responsabilidad a la organización política que lo recibe, así como en el caso de aportes de personas naturales que no estén identificadas en el portal web antes mencionado.

Esta reforma tan importante, es tarea de todos, ahora toca que el señor Presidente de la República, cumplir con los plazos establecidos y publicar la norma sin mayor traba o interferencia, para así poder seguir avanzando. ¡LA REFORMA ESTÁ EN MARCHA!

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