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Recientemente (9 de mayo de 2017) se ha presentado el Proyecto de Ley Nº 1360/2016-CR y que guarda bastante similitud -hasta en su Exposición de Motivos- con el Proyecto de Ley Nº 2954/2013-CR del 19 de noviembre de 2013 de la Legislatura anterior. Una sola diferencia: el año de aplicación. La reciente para el 2018, la anterior para el 2014. Esta última fue archivada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República por considerarla inconstitucional, entre otros sustentos.

Debemos indicar, sin embargo, algunos puntos que se omitieron en sus respectivas Exposiciones de Motivos de los citados Proyectos de Ley:

  1. La invocación del principio laboral “Indubio Pro Operario”: “(…) Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma”, consagrado en el artículo 26 de nuestra Constitución, no es extensible a lo previsional, conforme lo señalado en la Sexta Disposición Complementaria del Texto Único Ordenado del Régimen Pensionario del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº070-98-EF(1).

  2. La remisión sólo a la Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contenida en el Expediente Nº 096-97-AA-TC (la otra Sentencia invocada no ha podido ser ubicada), omitiéndose otros pronunciamientos, donde el criterio que los pensionistas del régimen del Decreto Ley N°20530 que no le es posible que se les aplique la escala remunerativa aprobada para los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada. Así, tenemos las Sentencias contenidas en los Expedientes N°s. 932-97-AA/TC(2), 1585-2003-AA/TC(3), 2171-2004-AA/TC(4), 1894-2003-AA/TC(5) y 2151-2003-AA/TC(6)), para la misma institución respecto de sus ex trabajadores, hoy pensionistas bajo el régimen del Decreto Ley Nº 20530.

  3. La Oficina de Normalización Previsional – ONP es la encargada de reconocer, declarar y calificar solicitudes de los derechos pensionarios del Decreto Ley Nº 20530 de aquellos trabajadores (cuando culmine su vínculo laboral) y/o cesante de dicho régimen, y cuyas pensiones sean financiadas con recursos del Tesoro Público, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 149-2007-EF.

  4. A diferencia de la iniciativa legislativa anterior en la que se indicaba que el “(…) costo de la adecuación… sería [S/] 2’900,000”, esta “nueva” iniciativa no indica algún costo. Pero cualquier recálculo en los montos de las pensiones implicará demanda de recursos adicionales, lo cual contravendría lo establecido en el artículo 79º de la Constitución que, en su primer párrafo, establece que los “(…) representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto”.

  5. Como se sabe, a partir de la reforma Constitucional (aprobada por Ley Nº 28389) está prohibida la posibilidad de incrementar las pensiones de cesantía tomando como referencia una escala remunerativa de un servidor público en actividad.

(1) “Sexta. Precísase que los aspectos relativos a los regímenes previsionales en general, no son de naturaleza laboral, sino de seguridad social”.
(2) http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1998/00932-1997-AA.html
(3) http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01585-2003-AA.html
(4) http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02171-2004-AA.html
(5) http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/01894-2003-AA.html
(6) http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/02151-2003-AA.html

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